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Se suponía que el fiscal general William Barr sería una voz de razón en la administración de Trump. Una vieja mano de Washington, tenía la estatura y la columna vertebral para proteger al Departamento de Justicia de una Casa Blanca que a menudo parece desdeñar el estado de derecho.
Resulta que no es cierto. En una impactante carta de dos frases a un tribunal federal de apelaciones, el Departamento de Justicia anunció el 25 de marzo que buscaría la invalidación de toda la Ley del Cuidado de Salud Asequible, hasta la última de sus miles de disposiciones.
Es difícil exagerar la irresponsabilidad de esta nueva postura legal. Es una espantosa negligencia en el cumplimiento del deber del Departamento de Justicia, adoptada tanto por los gobiernos republicanos como por los demócratas, de defender los actos del Congreso si se puede presentar algún argumento plausible en su defensa.
Ni tampoco es el Acta de Cuidado de Salud algún estatuto menor que puede ser hecho a un lado sin disrupción. Ahora es parte de la plomería básica del sistema de cuidado de salud americano. Garantiza protección para las personas con condiciones médicas preexistentes. Expandió Medicaid para dar cubrimiento a 12,6 millones más de personas y ofrece protecciones cruciales a los 156 millones de americanos que tienen seguro por medio de sus empleadores.
Más allá de eso, la ley obliga a las aseguradoras a cubrir cuidado preventivo y la contracepción sin cargo; cambió cómo los hospitales y los médicos cobran por sus servicios; requiere que los restaurantes de comida rápida publiquen el número de calorías de sus productos; recortó cientos de miles de millones de dólares en gastos de Medicare; impuso cientos de miles de millones en impuestos; y mucho más.
Destrozar la ley sin ceremonia causaría daño al sistema de cuidado de la salud, y a todos los americanos que dependen de él. Sin embargo la administración Trump ahora se ha comprometido con hacer justamente eso.
La carta fue presentada en un caso pendiente, iniciado por un grupo de estados rojos, en el cual un juez federal en Texas decidió que ninguna parte del Acta de Cuidado de la Salud Asequible podía sostenerse. El juez razonó que el Congreso creó un problema constitucional cuando, en su gran proyecto de ley de reforma fiscal en 2017, eliminó la multa financiera por no tener seguro. Debido a ese supuesto defecto constitucional, el tribunal sostuvo que toda la ley tenía que caer. El fallo fue indefendible: los estudiosos legales lo criticaron como escandaloso y predijeron que casi con toda seguridad caerían en una apelación.
De hecho, ni siquiera la administración de Trump podía argumentar que toda la ley debería ser eliminada. Estuvo de acuerdo en que había un problema constitucional, pero dijo que el remedio correcto era mantener la mayor parte de la ley vigente. Solo las partes que requieren que las aseguradoras privadas vendan la cobertura al mismo precio a personas sanas y enfermas por igual, las protecciones para personas con condiciones preexistentes, tendrían que ser eliminadas.
Esa, también, fue una posición indignante. Elogió el deber del Departamento de Justicia de defender, un deber solemne, y uno que va al corazón del estado de derecho. Sin él, la administración en ejercicio podría elegir qué leyes quería defender en los tribunales y cuáles quería abandonar. Las leyes podrían aumentar o disminuir basándose únicamente en el desacuerdo partidista. Eso es inconsistente con un sistema constitucional que asigna al Congreso, no al presidente, el poder de legislar.
Y así, en la audiencia de confirmación de su nombramiento para convertirse en fiscal general, Barr dijo que revisaría la posición del Departamento de Justicia en la demanda de Texas. Aparentemente hizo eso, pero en lugar de montar una defensa vigorosa, intensificó el intento por matar a Obamacare. Es como si el Sr. Barr le hubiera dicho a su predecesor, Jeff Sessions: “¿Pensaste que tu posición era loca? Téngame mi cerveza”.
¿La administración realmente cree que la misma posición que adelantó hace unos meses es tan insostenible que ahora debe adoptar una que sea aún más extrema?
El cambio en postura legal no hará mucha diferencia en la demanda misma. Dado que un grupo de estados azules ha intervenido, la corte de apelaciones escuchará una intensa defensa de la ley. La mayoría de observadores esperan que la Corte respete la Ley del Cuidado de Salud Asequible; si es así, la Corte Suprema puede optar por no escuchar el caso. Pero la administración Trump ha señalado que su campaña contra Obamacare no se ha terminado; que nada la detendrá para lograr en la Corte lo que no pudo lograr en el Congreso; y que no le importa cuántas personas sufren si se deshace el Acta de Cuidado de Salud Asequible.
