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Las familias de estratos 1, 2 y 3 pagan sus servicios públicos domiciliarios a un precio inferior al costo de prestación. Las familias de estratos 5 y 6, los comerciantes y los pequeños industriales, los pagan a un precio superior. Aquellas familias reciben un subsidio, mientras que las segundas, los comerciantes y los pequeños industriales pagan un impuesto, esto se evidencia en la factura.
El precio final de la gasolina tiene nueve impuestos, a saber: impuesto nacional, IVA de 5 % al ingreso del productor, impuesto al carbono, IVA de 19 % al margen mayorista, IVA de 19 % al margen minorista, sobretasa municipal, sobretasa departamental y un par de cosas extrañísimas: “pérdida por evaporación” y “tarifa por marcación”. Todo eso suma 32 % del precio libre de gravámenes. Increíblemente, el gobierno sostiene que la gasolina y, en general, todos los combustibles líquidos tienen subsidio.
Estado ladrón es el título de un maravilloso librillo de Carlos Lemos Simmons, el último liberal del Partido Liberal, en el cual describe las trapacerías de las que se vale el Estado para meter impunemente la mano en el bolsillo de los contribuyentes. La del subsidio a la gasolina es otra patraña, probablemente, la más descarada que se pueda imaginar.
El primer componente del precio de la gasolina para consumo interno es el llamado ingreso al productor (IP), fijado por el gobierno; que puede diferir del precio internacional o de paridad (PP); el que recibe Ecopetrol, cuando exporta, o paga, cuando importa.
El país importa menos de un cuarto de sus combustibles líquidos, el resto sale de sus refinerías, Barrancabermeja y Reficar, propiedad de Ecopetrol. Descaradamente, la totalidad de la gasolina se factura al PP, como si toda fuese importada o como si Ecopetrol tuviese la opción de exportar la suya. Al distribuidor mayorista, como Terpel o Primax, se le cobra el IP y la diferencia de este con el PP es el supuesto subsidio (S = PP - IP) que paga el fondo de estabilización de precios de combustibles (Fepc).
Cuando el Fepc no tiene liquidez, lo habitual, se registra una cuenta por pagar, una deuda del gobierno, finalmente. La acreencia correspondiente a esa deuda está, obviamente, en el activo de Ecopetrol. A junio, ascendía a 16 billones de pesos, de los cuales el 90 % pertenece al gobierno, dueño mayoritario. Es decir, el gobierno le debe a Ecopetrol lo que Ecopetrol le debe al gobierno.
Así, el aumento en el precio de la gasolina es una reforme tributaria disfrazada. Ya mismo, para no violentar el interés de los minoritarios, la Nación debe aplicar las utilidades que recibe de Ecopetrol, infladas por esa forma absurda de facturar, a sanear el fondo. Más adelante, solo la gasolina importada debe liquidarse al PP; el resto, al costo de refinación. Si aún así hay déficit, debe cubrirse con parte de las regalías.
Eso no sucederá, requiere austeridad y el de Petro, más que cualquier otro, es un gobierno manirroto y abusivo con el pueblo que dice defender
