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“Afortunadamente, como ponente yo no recibí, digamos, llamadas, ni reuniones con ninguno de los expresidentes, yo no sentí presiones como ponente, debo decirlo con claridad. Entiendo que algunos de mis colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes, de cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas distintos, sociales, políticos”.
Que el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional y ponente del fallo que fue desfavorable para el expresidente Álvaro Uribe (votación estrecha de 5-4), en el que, al parecer, se cometieron grandes arbitrariedades jurídicas, confiese que, durante la decisión de la sentencia, algunos de los magistrados públicamente reconocidos como “santistas” recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, ambos enemigos acérrimos del expresidente Uribe, para “comentar” aspectos de su caso, es asunto de extrema gravedad, no solamente porque vicia el dictamen, sino, lo que es peor aún, porque evidencia la calidad de los individuos que están como garantes del respeto por la Constitución Nacional.
No es la primera vez que vemos conductas inadecuadas por parte de estos sujetos. No se olvide que en 2019, cuando la Corte Constitucional se aprestaba a responderle al gobierno Duque una solicitud para que hicieran más flexibles los condicionamientos impuestos para reactivar las aspersiones aéreas con glifosato, los honorabilísimos magistrados Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo tuvieron que declararse impedidos a la hora votar, luego de que fueran pillados almorzando con el del Nobel, un par de días antes del pronunciamiento.
Por fortuna, los juristas más prestantes del país se han pronunciado unánimemente para descalificar el esperpento jurídico del que echaron mano los cinco magistrados, para “llenar un vacío normativo al pasar de un sistema procesal al otro, dándole validez a lo actuado”, que no solo perjudica al expresidente Álvaro Uribe, sino a cualquier ciudadano que se vea envuelto en una situación similar.
Cabe anotar que los mismos magistrados de la alta Corte que estuvieron a favor de la solicitud del expresidente Uribe, en su salvamento de voto dieron magistrales lecciones de jurisprudencia y ética.
El principio de una democracia está concebido en su Constitución y son los miembros de la Corte Constitucional, como ya lo dije, los defensores de su respeto.
La independencia de la Justicia es sagrada. Los jueces no pueden estar sujetos al poder político, solamente a la Constitución y a las leyes, cuando de tomar decisiones se trata.
Sin embargo, en este caso, algunos quebrantaron la norma de independencia, recibiendo llamadas, aceptando injerencias, haciendo filtraciones a periodistas afectos, etc., y, a su vez, como bien lo dijo el magistrado Alberto Rojas en su salvamento de voto, “con la respetable pero equivocada decisión mayoritaria violaron los derechos fundamentales del debido proceso clásico liberal [...] esta decisión quedará para la historia cubierta de sombras e incertidumbre”, pues se desconoció el mandato constitucional que señala que nadie podrá ser juzgado más que con la “observancia de la plenitud de las formas de cada juicio”.
Aquí el problema no es de Álvaro Uribe, un servidor de la patria como pocos, con el que se han ensañado por diferencias políticas. El problema es que se violaron derechos fundamentales y pasaron por encima de la Constitución. Esto es un ultraje para todos los que estamos cobijados bajo el Estado de Derecho.
Esto no se queda aquí, va a instancias internacionales, las consecuencias de lo sucedido son más delicadas de lo que parecen.
Los sujetos que mal obraron no están a la altura de su investidura, deben ser destituidos.
¡No más mandaderos de Santos!
