viernes
8 y 2
8 y 2
El escenario político, social y económico que vive nuestro país no podía ser más complejo; por eso, fundados en datos oficiales como los suministrados por el Dane, el Banco de la República y la Cepal, uno tiene que tener en mente cifras como las siguientes: los indicadores de pobreza alcanzan a un 42.5 % de la población, de los cuales 7,4 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema y con tasas de desempleo que frisan el 15,1 %; la economía del país se encuentra en bancarrota y ha tocado fondo con un endeudamiento externo que, a febrero de 2021, mostraba un monto de US$156.775 millones, esto es, el 51,8 % del PIB; la desigualdad social es abismal, al punto de que Colombia –después de Haití y Angola– se pelea uno de los primeros lugares en el globo con países como Honduras; la corrupción es galopante y embarga tanto a sectores públicos como privados; el sistema electoral se encuentra muy descompuesto y es cautivo de los mismos grupos que gobiernan; la justicia privada impera en diversas franjas del territorio y grupos violentos reemplazan el accionar del Estado; y, en fin, para acabar de ajustar, las violaciones a los derechos humanos son cotidianas.
Para hacer alusión a esto último y con motivo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, el día siete de junio de 2021 la Defensoría del Pueblo hizo entrega a ese organismo de un estudio sobre la materia que, de forma resumida, fue difundido por ese mismo ente oficial y del cual se extraen cifras como las siguientes: entre el 28 de abril y el tres de junio se recibieron 417 quejas, con 489 personas como posibles afectadas por presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones, de las cuales 306 recaen sobre miembros de la Fuerza Pública (300 a la Policía y 6 al Ejército Nacional). En cuanto a personas desaparecidas, la Defensoría envió un reporte de 466 casos a la Fiscalía General, de los cuales este ente ha inadmitido 153 y en 91 se mantiene el llamado Mecanismo de Búsqueda Urgente.
En cuanto a personas fallecidas el escrito habla de 58 posibles casos de los cuales 45 se han denunciado en el Valle del Cauca, incluidos tres servidores públicos; al respecto, la Defensoría afirma que por lo menos 20 de esas muertes se produjeron en el marco de las protestas. Así mismo, en materia de hechos de violencia basada en el género –dice el Boletín–, en palabras del Defensor Carlos Camargo Asís: “[...] se han identificado un total de 113 hechos de violencias por razón del género en contra de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa durante las manifestaciones”; y, de ellos uno “corresponde a violencia por parte de manifestantes a una patrullera de la Policía y 112... por parte de funcionarios de la Policía y/o el Esmad en contra de manifestantes”.
Ese mismo documento da cuenta de las graves afectaciones económicas con pérdidas inmensas derivadas de las manifestaciones y las injustas interrupciones de las vías, y se habla de 700.000 toneladas de alimentos represadas; y se añade: “Algunos bloqueos han constituido barreras adicionales a las existentes sobre el acceso al sistema de salud del país, afectando, incluso, la vida de las personas. Lo anterior, pues han impedido el traslado de pacientes en estado crítico con necesidad inminente de una UCI, medicamentos, diagnósticos y otros procedimientos prioritarios; así como la movilización del personal de salud para que cumpla su misión. Las aglomeraciones generadas en ejercicio del derecho a la protesta han coincidido con la elevación de ocupación hospitalaria, UCI y con las muertes por Covid-19”.
El panorama, pues, es desolador; sin embargo, todo ello debe llevar a la reflexión para que entre todos –llenos de esperanza– construyamos un mejor país, lejos de los extremismos y populismos hoy en boga
