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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 30 de marzo de 2021

Nueva reforma tributaria

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingreso, riqueza, propiedad y tenencia de la tierra. “Según las declaraciones de renta del año 2017, el decil 10 (superricos) concentró el 95,4 % de la riqueza total de las personas jurídicas del país, mientras que el decil 1 de los más pobres aglutinó tan sólo el 0,001 %” (Garay-Espitia, 2019). En la reforma tributaria del 2020, las tarifas del impuesto a la renta según el ingreso bruto fueron muy moderadas para las empresas más ricas del país, resultado de la multiplicidad de exenciones, deducciones y tratos diferenciales.

La actual propuesta de reforma tributaria del Gobierno continúa esta tendencia desigualitaria, manteniendo algunas de las exenciones tributarias a los ricos y buscando más declarantes en los deciles de menores ingresos y de rentas que provienen del trabajo. En la medida en que el Gobierno puede satisfacer a los parlamentarios que mueven el trámite en el Congreso con promesas y prebendas, se garantizará el paso –clientelista– de la tercera reforma tributaria del presidente Duque.

Con esto, y es lo realmente importante, se pierde una nueva ocasión para que los ciudadanos puedan decidir democráticamente qué recursos quieren dedicar a sus proyectos comunes: educación, salud, jubilación, empleo, desarrollo sostenible, inseguridad y violencia. No hay decisión soberana y democrática sobre impuestos si el ministro Alberto Carrasquilla y su poderoso séquito de economistas neoliberales, impone un modelo que exime de impuestos a los ingresos de capital, favoreciendo a los más ricos y desconociendo las obligaciones del régimen progresivo del impuesto sobre el ingreso.

El Gobierno considera que mantener estas exenciones de impuestos es fundamental y necesario en las actuales circunstancias de competencia económica global porque son la base para que haya más inversión, crecimiento y empleo. Pero esto no ha sucedido durante estos años. Por el contrario, hay un aumento de la desigualdad, mayor concentración de ingreso y riquezas, el sistema de protección social en salud, educación y pensiones es cada vez más reducido y precario, han aumentado los niveles de desempleo e informalidad y la inseguridad y la violencia se han disparado.

Para que Colombia pueda ser una sociedad justa se requiere de otro tipo de política fiscal y social, otra forma de contrato social. La desigualdad no se podrá superar si se mantienen las actuales políticas impositivas que reducen el impuesto sobre los beneficios de las empresas y se exceptúan los dividendos y otros ingresos financieros del régimen impositivo. Tendremos que aceptar que la política fiscal no es sólo de recursos, sino también de redistribución del gasto público y de una política equitativa de beneficios tributarios.

Thomas Piketty dice que “el impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, sin duda el primero de todos. Sin impuestos no puede haber destino común ni capacidad colectiva para actuar”. Se requiere un régimen tributario progresivo, que grave realmente a los más ricos y con tasas equitativas y proporcionales a sus ingresos a las clases medias y a los más pobres

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