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El Estado Social de Derecho consagrado por la Constitución de 1991, es una especie de evolución estructural y funcional del concepto de Estado Nación de derecho de corte liberal de la posrevolución francesa, que se inicia con un esquema gendarme, según el cual el Estado sólo debe ocuparse fundamentalmente de la seguridad y la justicia, pero por exigencias de la desigualdad y la presión de una nueva clase trabajadora urbana fue evolucionando hacia un Estado benefactor y posteriormente un Estado providencia e interventor, hasta llegar al modelo actual de Estado social de derecho.
Pero el punto de reflexión no puede detenerse únicamente en el modelo de Estado que mejor conviene a la cultura occidental. A diferencia de otros momentos históricos, la necesidad de revisar el modelo tiene su origen, no en movimientos violentos de corte revolucionario, ni en alzamientos de clases o sectores sociales, sino en un concepto aún más profundo, aunque aparentemente imperceptible: El covid-19 ha destapado tres grandes males de la sociedad actual: La desigualdad, la inequidad y el quebrantamiento de la dignidad. El coronavirus no puede pasar como un simple virus de difícil control, sino como una manifestación de la naturaleza, con importantes efectos en el comportamiento social y en la organización jurídica y política, no sólo en lo que atañe al modelo de Estado, sino, a partir de éste, al sistema de gobierno y de administración.
Centrando el análisis en el modelo colombiano, los puntos principales de revisión tienen que ver con las modificaciones que se deben introducir al esquema clásico que consagró la Constitución de 1886 y que “grosso modo” se mantiene en el orden constitucional de 1991. No obstante, cualquier reforma estructural debe partir de la revisión de los principios en que se funda el orden constitucional, los que se encuentran consagrados en el preámbulo y en los artículos iniciales del Texto. Dice el artículo 1°: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Artículo 2°. “Son fines del Estado: Servir la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo...”
El análisis de estos textos y el significado socioeconómico de los principios en los que se fundamenta la organización, debe integrarse con el mensaje ético y de valor del preámbulo, fuente de invocación e interpretación de la Constitución, según el cual, las instituciones deben propugnar por un orden político, económico y social justo. (sigue).
