viernes
0 y 6
0 y 6
Cada que tiene lugar un crimen horrendo cuya víctima es un menor o una persona desvalida -sobre todo, si ello sucede en una agitada y violenta época preelectoral como la actual- algunos medios de comunicación y ciertos sectores de opinión, comandados por la clase política, claman a los cuatro vientos por la introducción en la legislación penal la prisión perpetua, exhibida como la única herramienta de lucha contra esas manifestaciones antisociales. Ahora el turno le corresponde a un grupo de congresistas quienes, al inicio de esta legislatura y por vías separadas, presentaron a consideración del órgano legislativo sendas propuestas reformadoras (Proyectos de Acto Legislativo Nos. 001 y 0047 de 2019).
La primera de ellas, modifica el artículo 34 constitucional para permitir esa pena infamante en delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años, la cual sería “revisable” “en los términos que establezca la ley”; pero, de forma muy curiosa, al desaparecer la cláusula general prohibitiva de esa norma, no se sabe a ciencia cierta a qué está referida la expresión “de manera excepcional...” allí empleada (inciso 3°).
Se hace esa afirmación porque esa aparente salvedad se incluye después de los eventos en los cuales procede la extinción de dominio por confiscación (inciso 2°), con lo cual los casos de prisión perpetua quedan referidos a estas últimas situaciones (una excepción a la excepción) y no a los de la regla general (inciso 1°). Es más, como dato relevante, el tenor literal propuesto -tras mencionar las situaciones en las que procede el castigo- pone fin a la oración con un punto y coma y añade: “...se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua” (inciso 3°). ¡Cualquier aprendiz de nuestro idioma –no los redactores de la iniciativa– diría que bastaba con introducir una coma!
La segunda propuesta, a su turno, luego de hacer desaparecer la prohibición de prisión perpetua del citado artículo 34 le añade dos nuevos incisos (3º y 4º); sin embargo, incurre en manifiesta impropiedad al afirmar que en los eventos citados “se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua revisable” (parte final del inciso 1º), con lo cual en esos casos cabría todo tipo de sanciones; desde luego, un mejor entendimiento del asunto diría que esa preposición sobra. A ello, súmese el empleo de una fea construcción gramatical: “...en el evento en el que...”; ella, con un mejor uso del lenguaje, podría acuñarse para decir: “cuando se cometan”; además, dispone que el lapso para la revisión es de treinta años, sin embargo –de forma repetida– asevera que ello lo hará “...la ley” (inciso 4°).
En fin, también llama mucho la atención la modificación sugerida al actual artículo 12 constitucional porque allí se afirma que, cuando se imponga la pena de prisión perpetua, esa sanción no será cruel, inhumana o degradante (inciso 2° propuesto). Como es obvio, parece que quienes redactaron ese esperpento creen que los juristas de este país son una manada de tarados prestos a aceptar que el principio de dignidad de la persona humana (aquí de las penas) se cumple en esos casos; algo digno de figurar en “La Historia de La Estupidez Humana” de Paul Tabori.
Así las cosas, debe concluirse que los dos proyectos de acto legislativo pueden ser criticados por las mismas razones que otros (son expresión del derecho penal simbólico, dan rienda suelta al populismo punitivo, están muy mal redactados; trastrocan el modelo de Estado, son inmotivados; olvidan la reinserción social; y, en fin, no hay recursos materiales para introducir esos cambios, etc.). Se olvida, pues, que en nuestro país lo primero es empezar por construir una sociedad donde el respeto, la justicia, la paz, la tolerancia y la convivencia sean posibles, y, luego de ello, pensar en debatir el anticuado, hórrido, inhumano e inútil sistema de penas vigente.
¡No sigamos, entonces, dandole al mundo este pedestre espectáculo!.
