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Los sistemas de gobierno se identifican a partir de diferentes conceptos, entre ellos, por las relaciones de coordinación y control entre los órganos superiores del Estado. Desde este aspecto, las constituciones diferencian el gobierno parlamentario y el gobierno presidencialista; en la práctica política, el primero presenta una especie de preeminencia del parlamento sobre el Ejecutivo, entre otras cosas porque la jefatura de Estado se asigna a un monarca o presidente, mientras que la de gobierno y administración, a un primer ministro, quien normalmente surge del interior del parlamento.
En el sistema presidencialista, las jefaturas de Estado, de gobierno y de administración las asume el presidente de la República, elegido por los ciudadanos. El origen del gobierno en ambos sistemas difiere sustancialmente y ello va a marcar rutas distintas en las relaciones de poder entre gobierno y parlamento o congreso.
En el sistema parlamentario, por las circunstancias referidas y la normal disciplina partidista, el ejercicio del control político sobre los actos del gobierno, se convierte en la tarea fundamental del parlamento. No sucede lo mismo en el sistema presidencialista, la preeminencia del presidente y su triple jefatura le otorgan una especie de superioridad política administrativa sobre el Congreso, al punto que el control político tiende a pasar a segundo plano y la labor del Congreso se mide fundamentalmente por el número de leyes aprobadas en cada legislatura.
El sistema parlamentario, supone una gran disciplina de partido y un gran desarrollo en cultura política, pues la estabilidad de los primeros ministros como jefes de gobierno y de administración, está permanentemente ligada al control político, de manera que en cualquier momento el parlamento puede aprobar una moción de censura y obligar la dimisión del primer ministro y la nueva convocatoria de elecciones.
No sucede lo mismo en el sistema presidencialista, pues si bien el Congreso puede juzgar al mandatario de turno, su preeminencia política hace que, salvo contadas excepciones, ello sea imposible, lo que garantiza la estabilidad del mandato presidencial, en sociedades que carecen de disciplina de partido y tradición para el control político.
Esta es la razón por la cual los países de América Latina deben mantener un sistema presidencialista, aunque cuidando de no caer en un presidencialismo con poderes extremos del Ejecutivo, para que no se vuelvan antesala de posibles dictaduras.
La Constitución peruana introdujo, dentro de un régimen presidencialista, el sistema de control político al estilo europeo, mediante la inclusión de una norma que permite al Congreso destituir al Presidente de la República por incapacidad física o moral.
En una sociedad sin una clara cultura política, sin un sistema y una disciplina de partidos debidamente consolidados, con instituciones propias del modelo presidencialista, haber introducido un esquema de control político propio del sistema parlamentario, ha ocasionado una verdadera catástrofe constitucional, al punto que en siete días el Congreso ha destituido y posesionado dos presidentes y el país ha tenido tres presidentes, con lo que ello significa en términos de política interna y externa.
