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Si bien es cierto que la protesta social del pasado 28 de abril estaba asistida de razones para que se diera, también es cierto que lo que ha sucedido a partir de esa fecha, además de infame, es injustificable desde todo punto de vista.
A excepción de una que otra expresión pacífica de descontento por las serias dificultades económicas y laborales desprendidas de la pandemia, lo único que hemos presenciado y padecido durante el último mes, a lo largo y ancho del país, son actos de violencia, de brutalidad, de destrucción, etc., con un trasfondo político que cada día se ha hecho más evidente: desestabilizar el gobierno del presidente Duque, buscando su caída o, en su defecto, socavar profundamente los cimientos de la democracia y deshonrar la Fuerza Pública, con miras a la llegada de un nuevo régimen.
Un devastador ataque de terrorismo urbano sincronizado, con atetados de tipo cibernético y diplomático, para demoler, en el ámbito nacional e internacional la honra de nuestro presidente y de nuestra Fuerza Pública. Contaban para ello, como se ha podido conocer, con el respaldo de los narcoterroristas de las Farc, del Eln, del Gobierno venezolano y de la izquierda internacional. Su financiación, naturalmente, ha corrido por cuenta del narcotráfico.
Sin embargo, se les “volteó la torta”, como se dice vulgarmente, porque el pueblo colombiano no está dispuesto a rendirse y, por el contrario, a pesar del inmenso daño sufrido, ha salido a las calles para respaldar sus instituciones y, de manera particular, a sus Fuerzas Armadas y de Policía.
El puñado de dirigentes de sindicatos estatales que no representan ni el tres por ciento de la fuerza laboral del país, que dicho sea de paso, como buenos izquierdistas viven espléndidamente gracias a los salarios y prebendas sufragados por los pobres trabajadores agremiados, que se arrogaron el “derecho” a decretar dizque “paros nacionales”, y a hacer toda clase de exigencias al Gobierno, por fortuna ya fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la Nación, por el abogado Hernán Cadavid. Porque, haber “estrangulado” la circulación nacional al punto de generar muertes, desabastecimiento alimentario, de insumos médicos, agropecuarios, etc., es un delito grave que está consignado en el Código Penal.
El “señor de las bolsas” que tras bambalinas y amparado en un lenguaje cifrado, se encargó de azuzar e ir señalando los blancos del intrincado plan, en vista de los señalamientos y la adversa respuesta, hoy hace ingentes esfuerzos para tomar distancia y, más bien, delegó responsabilidades en su fiel escudero, el guionista de novelas de “pornomiseria” y “traquetos”, Gustavo Bolívar. Un canalla que no repara en nada con tal de darle gusto a su patrón, y ya se ganó una denuncia de la Firma de Abogados Víctor Mosquera, por haber recolectado dinero para dotar de implementos a la “primera línea” de vándalos. Denuncia en la que también se habla de la constante publicación de “Fake News”.
Ahondar la pobreza, el desempleo, y desesperanza, dejadas por la pandemia, sembrando destrucción, inestabilidad, odio de clases y caos, para poder cosechar políticamente su discurso populista de asistencialismo y saciar sus ansias de poder, es de una bajeza que no tiene nombre. Solamente un individuo de la catadura moral “del señor de las bolsas”, es capaz de semejante bellaquería
