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Hay consecuencias visibles e inmediatas de un pico y placa comprable: la congestión vehicular y la contaminación ambiental, que nos afecta a todos por igual.
Sin embargo, las desigualdades sociales que promueve son el resultado invisible de una “medida no medida”. Vamos a ver; el mensaje del pico y placa pagable es: si usted tiene plata, haga lo que quiera. Contamine, congestione, sáltese la norma y haga lo que desee. Si ya pagó, está claro que no importa que su comportamiento individual vaya en contravía del colectivo y que afecte la salud pública, la vida de quienes tienen que movilizarse largas distancias, el trabajo de los que hacen domicilios, de los que transportan gente, de los taxistas... de otros. No importa.
El mensaje del pico y placa comprable es tan perverso que no solamente mina el mismo propósito de la medida desde el principio, sino que promueve la idea de que la ley es solo para algunos.
Esta “medida no medida” termina perjudicando efectivamente a aquellos que se transportan en buses, colectivos y taxis, que son quienes más tiempo invierten en llegar de un lugar a otro, porque la congestión no afecta por igual, es más costosa para aquellos que deben tomar dos y hasta tres medios de transporte para llegar a sus lugares de trabajo, ida y vuelta. Les afecta su calidad de vida, sus rutinas, sus gastos, su tiempo.
Es tan inocua esta decisión que dos municipios del sur del valle de Aburrá decidieron no acoger la exención. La integralidad de un sistema de movilidad entre ciudades debería ser el principal criterio de decisión, pero el mensaje del Área Metropolitana del Valle de Aburrá es contrario: desintegración. Defienden la medida argumentando que con ella se va a desincentivar la compra de vehículos porque ya el parque automotor no da para más.
Está claro que para decidir pensaron en números, no en personas. Y poco valor le dieron al mensaje que sí podría haberse emitido desde una entidad que, se supone, debería promover la unión de municipios que comparten vías, aguas, montañas y aire.
Todo eso es tan solo una parte. Ahora, ¿a dónde van los recursos que están recogiendo? Con un gobierno que atraviesa una crisis de legitimidad y de gobernanza, uno pensaría que el que tiene con qué pagar al menos se preguntaría a dónde va la plata. Pero qué va. Esta medida viene de un gobierno servil y se encaja perfecto con el perfil del ciudadano que está acostumbrado a solucionarlo todo con plata.
Según voceros de la Secretaría de Movilidad, en los primeros días se recaudaron 1.565 millones de pesos, que irán al Fondo de Estabilización Tarifaria “buscando fortalecer el uso del transporte público.” Para tomar estas decisiones, ¿se soportan solo en investigaciones técnicas o será que hay discusiones éticas entre quienes las toman?
Aquí la pregunta también es para nosotros, los que vivimos, transitamos y habitamos esta ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos ser? ¿Qué tipo de ciudadano somos?
