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Hace varios años, los cadetes de West Point iniciaban a los estudiantes de primer año, incluyendo a las mujeres, enseñándoles a cantar lo siguiente mientras marchaban: “Quisiera que todas las mujeres fueran huecos en la calle y que yo fuera una volqueta. Las llenaría con mi carga. Años antes de eso, los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea cantaban refranes similares marchando hacia y desde eventos de entrenamiento. Un canto describía el acto de tomar una motosierra y cortar a una mujer “en dos” para que pudieran “quedarse con la parte inferior y entregarte la superior”. Hace dos años, una investigación en West Point reveló que un cadete del equipo de rugby le había dado instrucciones a un colega para que ‘amordazara a su chica”.
Estos incidentes exponen el sexismo que se tolera en las tres academias de servicios militares supervisadas por el Departamento de Defensa -West Point, la Academia Naval y la Academia de la Fuerza Aérea. También ayudan a explicar informes repetidos que insisten en que las academias no han tomado en serio las denuncias de asalto y acoso sexual. El modelo es familiar: cada revelación incita protesta, las academias anuncian reformas y los esfuerzos de las instituciones demuestran ser inefectivos. Lo que perdura son los cantos, y la misoginia que éstos revelan.
Somos miembros estudiantiles de una clínica de leyes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale y representamos un grupo sin ánimo de lucro que busca erradicar la discriminación de género en el servicio militar. La Red de Acción para Mujeres del Servicio Militar por mucho tiempo se ha opuesto a cómo los apáticos administradores de las academias del servicio han dejado que estudiantes se salgan con la suya cuando cometen acoso y asalto.
Parte del problema es que las academias del servicio militar no son sujetas a las leyes que han ayudado a los estudiantes en escuelas civiles a obligar a sus universidades a mejorar. El Título IX requiere que casi todas las instituciones educativas americanas que reciben dinero federal eliminen la discriminación sexual, incluyendo la violencia sexual. Los estudiantes pueden denunciar políticas o prácticas discriminatorias en sus campus ante el Departamento de Educación, incluyendo el mal manejo de denuncias por asalto y acoso sexual. Pero el Congreso exoneró a las academias del servicio militar cuando aprobó el Título IX en 1972. Tal vez los legisladores fallaron incluso en siquiera considerar la posibilidad de discriminación sexual en las academias, las cuales no admitieron a las mujeres sino hasta cuatro años después.
Los estudiantes en campus militares pueden poner denuncias individuales de discriminación sexual y mala conducta dentro de sus academias, que finalmente son determinadas por varios niveles dentro de la cadena de mando. Pero no tienen a quién dirigirse cuando sus academias manejan mal sus denuncias o se involucran en otras prácticas que hacen daño a las mujeres. Si una cadete o guardiamarina que denuncia acoso sexual y discriminación es maltratada por su academia, puede apelar la decisión dentro del sistema de la academia y su cadena de mando, pero no puede apelar la forma en la cual se tomaron dichas decisiones. Sus homólogas civiles, en cambio, pueden llevar dichas denuncias al Departamento de Educación.
Como están las cosas ahora, muy pocos cadetes y guardiamarinas denuncian la discriminación sexual, pero no porque no esté sucediendo. Según encuestas y datos del Departamento de Defensa, un 8 por ciento de las mujeres en las academias militares fueron asaltadas sexualmente el año pasado, casi la mitad sufrieron acoso sexual severo y casi el 90 por ciento sufrió otra forma de sexismo y discriminación. Y sin embargo menos de un 5 por ciento de las más o menos 1,400 mujeres que fueron acosadas o asaltadas sexualmente denunciaron lo que les había sucedido dentro de los sistemas existentes.
Hay una manera simple que puede usar el presidente Obama, como comandante en jefe, para ponerle fin a esta impunidad. Para darle a cadetes y guardiamarinas una forma significativa de retar la discriminación sexual en sus academias, debería dar una orden ejecutiva basada en las protecciones legales del Título IX. La orden tomaría el aspecto de la prohibición contra la discriminación sexual y le abriría camino a denuncias asociadas con el Título IX dentro del Departamento de Defensa. El presidente también debe ordenar al inspector general del Pentágono para que haga cumplir esta norma antidiscriminatoria en las academias.
