Como una visión anticipada de la generación de valor público desde la actuación empresarial, en 1975, hace 45 años, un grupo de empresarios dio origen a Proantioquia, como una “puerta giratoria” entre los sectores público y privado para construir capacidades para el desarrollo de Antioquia y de Colombia. Esta articulación público-privada es ahora definitiva para superar este momento histórico y el empresariado antioqueño puede coadyuvar decididamente en las transformaciones sociales, económicas y políticas que requieren nuestra región y país.
El liderazgo de nuestros empresarios, y la apertura de los gobiernos a sus iniciativas, han tenido logros históricos: la fundación de los hospitales San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe; el inicio de las cajas de compensación familiar en el país con Comfama y posteriormente con Comfenalco; el origen de las universidades Eafit, EIA y CES; la creación de fundaciones para las grandes causas públicas como Proantioquia, Fraternidad Medellín y las de primera infancia. También nuestros empresarios dieron origen a agremiaciones nacionales como la Andi y Fenalco, y antes a la Federación Nacional de Cafeteros; e impulsaron, junto a los gobiernos locales, entidades públicas como EPM, el Metro de Medellín, el CTA, Ruta N, Parque Explora y otras. Por supuesto, ellos han liderado la creación de un tejido empresarial que es hoy ejemplo en Latinoamérica y caso de estudio global. Por lo tanto, no pueden ser inferiores a los retos de estos tiempos.
La pandemia del covid-19 ha impactado nuestra vida social y económica de forma alarmantes. Se reportan más de 100.000 contagios en el país y más de 4.000 fallecidos. Su severo impacto económico y social ya evidencia que el número de desocupados aumentó en 5,5 millones de personas, y el desempleo ha llegado a tasas superiores al 20 %: 21.4 % a nivel nacional y 24.5 % en las 13 ciudades principales (Datos Dane). También se ha exacerbado la desigualdad con la informalidad laboral, el acceso a la educación, entre otros. Según un estudio de la Universidad de Los Andes, el país está en riesgo de retroceder en materia de desarrollo cerca de 20 años, con mayor impacto sobre la clase media, y con la posibilidad de que la pobreza aumente en un 15 %, volviendo a niveles críticos.
Frente a estos escenarios, reconocemos que Colombia viene avanzado en soluciones sociales. A nivel nacional, los programas de ingreso solidario, devolución del IVA, transferencias adicionales a los programas de Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, son medidas que van en la vía correcta. A nivel departamental y municipal, iniciativas como Antioquia Solidaria y Medellín Me Cuida han sido aportes fundamentales para garantizar una red de protección para nuestras familias más vulnerables y deben mantenerse.
Sin embargo, todo este esfuerzo será insuficiente si no logramos la articulación del sector privado con los gobiernos, promoviendo propuestas institucionales de innovación social y concretando contundentes inversiones económicas que permitan multiplicar los efectos positivos de la inversión pública.
Esta inversión debe dirigirse a fortalecer las cadenas de valor y los proveedores locales, fomentando la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. También logrando inversión privada que promueva el impacto social, con creación de empresas en regiones con alto grado de vulnerabilidad, identificando en ellas oportunidades naturales, como el Bajo Cauca antioqueño, entre otras .
*Presidenta ejecutiva
Proantioquia
