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El gobierno empieza a comunicar sus aspiraciones en relación con la intervención estatal en zonas del país que considera críticas. Por ejemplo, en Norte de Santander, promete “la transformación económica y social de los territorios con el fin de acometer sosteniblemente la disrupción de las economías criminales y su sustitución por lícitas”.
El gobierno dice que sus políticas están encaminadas a “plantear una visión y solución integral al problema de las economías ilícitas”. Manifiesta que el problema es “la ausencia de instituciones estatales o su frágil presencia que crea espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, dando lugar a marginalidad social, política y económica”. Explica que su actuación será focalizada y realista; se concentrará estratégicamente en ciertas regiones impactadas por “la criminalidad que afecta la seguridad nacional”, como Catatumbo, Caucasia y Tumaco.
El problema es que el planteamiento de intervención estatal está basado en ambiciones normativas o aspiraciones, e ignora la adecuación funcional de la acción estatal en ambientes y contextos concretos en los cuales deben producirse los cambios. Para ser efectivas, las políticas deben responder a las capacidades del sistema estatal en la práctica y no al Estado ideal. Los arreglos institucionales tienen que ser funcionales en los contextos locales particulares; así, deben considerarse, al menos, tres aspectos.
Uno: hay élites locales y nacionales que, más allá de la crisis humanitaria que se vive en esas regiones, llevan años organizando y estabilizando relaciones y dinámicas sociales, políticas y económicas para lucrarse. Son sectores con mucho poder que resisten el cambio. Además de los muy publicitados enemigos públicos (clanes, carteles y bandas) que abiertamente viven de la violencia y que se resisten al cambio, hay personas (algunas públicas, otras privadas) que no se asocian abiertamente con sectores criminales, pero que tienen mucho que perder con cualquier cambio que afecte las economías locales. Las élites políticas y económicas de estas zonas han generado o se han adaptado a los mercados regulados por la violencia. Cualquier cambio a ese status quo amenaza con averiar o desestabilizar su poderío. Esas élites dan forma al Estado en lo local.
Dos: la volatilidad de los contextos regionales sobre los que se discute se debe en parte, no solo a la omisión del Estado, sino también a la actuación abusiva e ilegal de organizaciones y agentes estatales. El reconocimiento de la responsabilidad estatal por omisión es un significativo paso; pero, falta otro paso, con implicaciones aún más serias: el poder estatal se ha desempeñado de manera ilegal en muchas de estas regiones (ya sea por desviación del aparato estatal, por colusión o cooptación con sectores criminales, o por iniciativa individual de ciertos agentes estatales).
La implicación es obvia: el remedio de mayor intervención estatal puede estar envenenado y, por lo tanto, no representa solución si eso que ha sido Estado en lo local no es intervenido. Es decir, el Estado en lo local es parte del problema.
Tres: el prometido proceso de consolidación del Estado de derecho y de amplificación del sistema estatal en las regiones más “afectadas por la criminalidad” no puede hacerse sin el apoyo de las comunidades que las habitan.
El éxito de la intervención estatal estará condicionado por la legitimidad que el Estado logre en las comunidades. Hasta ahora el proceso de participación y diálogo ha estado marcado por la desconfianza y la contención. Sin comunidades participantes, no hay legitimidad estatal.
