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La evidencia empírica confirma que un mayor grado de apertura al comercio internacional se relaciona con la aceleración del crecimiento y con un aumento en el bienestar de los consumidores. Colombia se ha beneficiado de la creciente integración en la economía mundial por medio de la reducción arancelaria y la negociación de acuerdos de libre comercio. Sin embargo, el proceso de apertura económica tropieza con vacilaciones y retrocesos al impulso de presiones proteccionistas.
Lo que ha sucedido con los precios del arroz es un ejemplo que ilustra los perjuicios económicos y sociales causados por el proteccionismo. El desmesurado encarecimiento del arroz ha contribuido a distorsionar el índice de precios al consumidor. El ritmo de inflación se ha colocado por encima del 4 % anual, el límite superior del rango meta fijado por el Banco de la República. El freno a las importaciones de arroz ha conducido a deteriorar el consumo de los hogares y la credibilidad de la meta de inflación.
Debido a menores siembras, por temor al fenómeno del Niño, se presentó un faltante del orden de 200.000 toneladas en la producción nacional de arroz. Ese faltante se hubiera podido suplir con importaciones provenientes de Ecuador y Perú, países con los cuales hay libertad de comercio. Pero en el año 2009 se impusieron restricciones a las importaciones provenientes de la CAN.
Un estudio de Fedesarrollo encuentra que, en el año 2012, el precio del arroz paddy en Colombia era 62 % superior al de Ecuador y Perú. Ese sobreprecio se protege con un arancel de 80 %. El mismo estudio cuantifica el efecto nocivo del alto precio del arroz sobre la población en condiciones de pobreza. Un esquema diseñado para favorecer a determinado gremio, entorpece la modernización del sector agropecuario y perjudica a los pobres.
Las barreras de distinta naturaleza a las importaciones que subsisten, tienen el inconveniente adicional de entorpecer las exportaciones. La caída en el valor de las exportaciones de petróleo ha puesto de presente la imperiosa necesidad de promover las exportaciones no-tradicionales. Los principales productores de alimentos procesados han señalado que los altos precios de los insumos agropecuarios nacionales constituyen un lastre que les dificulta el acceso a los mercados externos.
Consideraciones de eficiencia económica y de equidad social recomiendan seguir avanzando en el proceso de apertura al comercio internacional. En lo que respecta al sector agropecuario, eso implica desmontar las barreras a las importaciones, comenzando por las no-arancelarias. También se debe reducir el nivel de protección arancelaria vigente. Tal como lo demuestran las experiencias de Chile y Perú, la libertad comercial estimula la especialización empresarial y fortalece la agricultura.
Dentro de ese orden de ideas, Colombia debe consolidar los TLC actuales y los que están en proceso de negociación. Lejos de haber arruinado la agricultura colombiana, como se ha afirmado, el TLC con Estados Unidos la ha beneficiado. Contribuye a valorizar la diversidad biológica del país y a elevar el nivel de vida de la población rural.
