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Caquetá, 28/09/1998. Tres avionetas y cuatro helicópteros de la Policía fumigan con glifosato, mientras sobrevuelan la finca de la familia Valderrama, el químico alcanza a Yaneth, quien tiene cuatro meses de embarazo. En un puesto veredal de salud la bañan con agua y jabón y la remiten a un hospital en Florencia; ingresa con manchas en la piel, dificultad para respirar y caminar, y dolor en los huesos y músculos. La someten a un legrado uterino mal practicado. Seis meses después retorna a urgencias. Muere en marzo de 1999; el diagnóstico señala “falla orgánica multisistémica, choque séptico, síndrome de dificultad respiratoria aguda [...]”.
Sin suerte, su familia acude a instancias judiciales. Apela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual advierte posibles violaciones respecto al derecho a la vida, integridad personal, circulación y residencia, igualdad ante la ley, protección judicial y a los derechos económicos, sociales y culturales.
El Estado colombiano solo permite que las mujeres interrumpan voluntariamente el embarazo en tres casos, pero al contemplar las aspersiones aéreas con glifosato parece reservarse la potestad de provocar abortos sin consentimiento de la gestante.
Para contribuir con la Comisión de la Verdad, el Centro de Derechos Reproductivos y el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad del Valle presentarán mañana el estudio “Efectos del glifosato en la salud reproductiva humana”, una investigación que evidencia consecuencias nocivas del glifosato en la salud reproductiva, entre las cuales se cuentan efectos en la fertilidad (niveles hormonales, normalidad histológica de tejido reproductivo y espermatogénesis), aborto, efectos perinatales y transgeneracionales (o efectos nocivos en segundas generaciones que afectan su rendimiento reproductivo).
En 2019, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomendó la eliminación total de la exposición al glifosato en las poblaciones.
Las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos se iniciaron en Colombia en 1992; desde entonces han asperjado más de 1’800.000 hectáreas. Durante casi treinta años, funcionarios como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, han insistido en el glifosato como panacea para las crisis de seguridad; sin embargo, el debate no se ha concentrado en su afectación de los derechos reproductivos de las mujeres, protegidos por la Constitución (artículos 42, 13 y 43: “Derecho a decidir de forma responsable el número de hijos”, a la igualdad, y prohibición de discriminación contra la mujer).
En 2015, se suspendieron las aspersiones. Hoy siguen congeladas; el Gobierno no ha presentado un plan que las permita.
¿Qué dicen las mujeres en el poder?
“Si usted se toma 500 vasos de agua al día seguro que se enferma...”, caviló hace un año Marta Lucía Ramírez. Al parecer la vicepresidenta solo es provida cuando la mujer decide sobre su cuerpo, no así si es el gobierno el que determina quién vive o no. Desde el Ministerio de Justicia, la nueva procuradora Margarita Cabello afirmó que “la despenalización del aborto es cosa juzgada” (estrictamente limitada a los tres casos avalados). Pero eso sí, luz verde a aspersiones “controladas y bien utilizadas”, al margen de lo que desencadenen en la salud reproductiva de las mujeres más pobres.
¿Cambiarán su postura ante estas evidencias? ¿Buscarán la reparación de las afectadas? ¿Trabajarán por la no repetición?
Aníbal Gaviria prometió que no asperjarían en Antioquia. Ojalá el gobernador (e) Luis Fernando Suárez permanezca firme en un asunto que supera la política y la seguridad: es cuestión de salud pública.
