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En las recientes tres décadas Colombia ha podido manejar una relativa estabilidad económica y política, con alta desigualdad, pero con evidentes mejoras sociales.
Las cifras, que no pelean con nadie, así lo muestran. Pese al deshonroso mérito de ser uno de los países de mayor criminalidad y un conflicto interno de más de seis décadas que se desactivó parcialmente, nuestro contrato social, remozado en la Constituyente del 91, nos ha permitido ascender al grupo de las 30 más grandes economías, cubrir casi el 100% de los habitantes con salud y reducir la pobreza a la mitad o menos (falta mucho), entre varios indicadores.
En este contexto, nadie, racionalmente, niega que el país requiera reformas profundas en muchos aspectos, especialmente eliminar privilegios y cubrir con el manto del Estado a amplios espacios geográficos donde la criminalidad disfrazada de bondad lo ha sustituido. Cosa muy distinta es pretender demoler los avances logrados en aras de un ilusorio y rápido cambio repleto de nubarrones y altos riesgos, en lugar de caminos largos, complejos pero muy estables. Como el capitán sin brújula que toma la ruta corta más oscura y tempestuosa tras los cantos de sirenas del espejismo ideal.
Y todo este cúmulo de peligrosas ideas adobadas con arrogancia, prepotencia y, sobre todo, sin importar el costo mediato y final. Lo que importa, para ellos, es imponer su sesgada y desueta visión del estatismo y el concepto radical de lo público pese a las probadas experiencias de desastre que ese modelo ya provocó en medio mundo.
De ese grupo de iluminados se destaca uno por el inmediato impacto de sus esquizofrénicas intenciones. El de la salud con la psiquiatra Carolina Corcho y los médicos Félix León Martínez – presidente del club de fans del antiguo Seguro Social – y el encargado del Invima, Francisco Rossi. Una tríada de activistas llegados al poder al son de generar una “crisis explícita” en el sistema de salud para que esos tercos colombianos - que en un 80% o más creen que el sistema de salud debe mantenerse pero haciéndole sustanciales mejoras – entiendan a las malas, a garrote e incluso con sentencia de muerte, que esto no sirve, que la Ley 100 es un maldito engendro legal del neoliberalismo criminal y que las EPS solo se han dedicado a exprimir billones de pesos mandando al cementerio a miles de colombianos.
Si para lograr su fin fundamentalista requieren desabastecer de medicamentos esenciales al país, no importa. Si los que faltan no son de la industria nacional (la mayoría no), pues no se compran. De malas, capitalistas infames.
Si los frigoríficos modernos, higiénicos y eficientes con calidad de exportación, son de propiedad de unos desalmados empresarios, es mejor volver a los viejos mataderos municipales insalubres, grotescos y sanguinolentos de hace décadas. Si sobreviven unas EPS buenas, sólidas y con capacidad de atender a millones de pacientes en modernas clínicas y hospitales (25 entre las 60 mejores de Latinoamérica y algunas en top 100 mundial), paguémosle menos por cada usuario y demoremos las cuentas para que se quiebren. Pueden llorar, desgraciados elitistas. Una política de salud criminal
