Por azucena restrepo herrera *
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Dada la coyuntura institucional en la que se encuentra la ciudad, asociada a la declaración del exgerente de EPM sobre la intervención de la Alcaldía de Medellín en la administración interna de la empresa, consideramos necesario que la Nación y la Gobernación de Antioquia asuman el rol de mediadores de un acuerdo que logre reconstruir la confianza en el buen gobierno de la empresa. Esto se hace necesario por la responsabilidad y la vinculación patrimonial que comparten. La Nación tiene el aval de cuantiosos créditos internacionales de EPM con la banca multilateral y el departamento es el dueño del 51 % de la sociedad Hidroituango. Así, la suerte del proyecto está ligada a la futura fortaleza fiscal de Antioquia y a la esperanza de un mayor desarrollo de sus regiones.
En este sentido, las líneas de acción para esta posible mediación deben considerar: i) exigir un compromiso público del alcalde de Medellín del cumplimiento pleno del Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellín – Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) suscrito en el año 2007; ii) pactar una fecha límite para la revisión del Código de Gobierno Corporativo de EPM en el marco de las mejores prácticas de la Ocde, tal como el mismo alcalde de Medellín lo prometió durante la crisis de la junta directiva en agosto del 2020; iii) garantizar la solidez de la junta; es decir, que sus miembros no sean removidos por el alcalde, cuando no aceptan sus decisiones o las del gerente; iv) revisar las competencias profesionales de los cinco vicepresidentes corporativos impuestos por la Alcaldía de Medellín al inicio de su gestión: Crecimiento e Innovación, Riesgos, Gestión de Negocios, Suministros y Comunicaciones; v) seleccionar el nuevo gerente con la participación de la Junta Directiva y con una asesoría profesional especializada, que además de garantizar su idoneidad profesional, certifique su solvencia moral. Esto en coherencia con la promesa inscrita en el programa de gobierno Medellín Futuro 2020 – 2023.
Igualmente, el control ciudadano de la gestión de la ciudad no puede permitir que se sigan incumpliendo las repetidas promesas que el alcalde hizo a la comunidad durante su campaña; como la expresada en el canal Cosmovisión en junio del 2019: “El próximo gerente no debo ponerlo yo. Vamos a hacer toda una alianza público-privada para escoger el mejor nombre, con cazatalentos internacionales para escoger a un paisa que ame a Medellín, que ame a EPM, que quiera que esto salga adelante”; lo cual, como fue evidente, no se cumplió con el nombramiento del exgerente Álvaro Rendón.
Estas acciones son exigibles considerando que, en solo un año de la actual administración, EPM se ha visto inmersa en varias crisis. En primer lugar, la solicitud de cambio de objeto social de EPM que alertó a las calificadoras internacionales de riesgos; segundo, la renuncia en pleno de la junta directiva por las decisiones que no se le consultaron, sobre el cambio del objeto social y la demanda interpuesta a los contratistas de Hidroituango; tercero, la inapropiada forma de manejar asuntos relacionados con la constitución de la nueva junta directiva, sin garantizar transparencia, rigurosidad y participación plural en la conformación de la misma; por último, la reciente salida del gerente, con declaración de insubsistencia por parte del alcalde de Medellín, sin las necesarias explicaciones públicas sobre su decisión
* Presidenta Ejecutiva de Proantioquia.
