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Publicado el 10 de febrero de 2020

REFLEXIONES SOBRE LA MEGAEXTRACCIÓN DE COBRE en el suroeste

Por AZUCENA RESTREPO HERRERA*

www.proantioquia.org.co

En el reciente Hay Festival Jericó 2020, Proantioquia y el Parque Explora invitaron al economista e investigador Luis Jorge Garay a una presentación técnica y académica sobre el megaproyecto minero en el Suroeste antioqueño. En su conferencia, que puede consultarse en la web, la perspectiva del proyecto trasciende lo regional y se cuestiona al gobierno nacional sobre su preparación jurídica, institucional, socioecológica y tecnológica para evaluar este primer proyecto de explotación de cobre a gran escala. Sus preguntas son de enorme relevancia, considerando que el 23 de enero de este año la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) admitió la solicitud de una empresa multinacional por el derecho a la explotación del proyecto Quebradona. Este derecho incluye, además, una indemnización cuantiosa de la Nación en caso de eventuales objeciones jurídicas o sociales al proyecto.

Garay hace un llamado a que, antes de tomar esta decisión de enormes consecuencias, el gobierno nacional realice una rigurosa planeación estratégica, ecológica y económica sobre el modelo extractivista del cobre a gran escala que debería darse en el país. Pues, a diferencia de Chile, donde la explotación del cobre es controlada por el Estado, como en Colombia con el petróleo, la extracción que se propone en Jericó-Tamésis tiene como objetivo principal la exportación del material sin su procesamiento. Esto le impide al país retener el cobre necesario para sus necesidades internas, como la conversión energética a energía solar, y autoriza que este recurso natural no renovable salga del país sin compensar el enorme sacrificio socioecológico de la Nación y el territorio. Garay explica que el valor de la extracción no se reflejaría en las regalías, pues la mayor utilidad se deriva de la venta del mineral ya procesado en el exterior. Este valor se queda en poder de la multinacional que hace la extracción y del país que reciba los altos impuestos de su comercialización.

Igualmente, se alerta sobre el efecto sistémico del proyecto Quebradona en el Suroeste antioqueño, considerando que esta explotación desencadenaría una extracción en cascada en la región, debido a que grandes proporciones del subsuelo de los municipios de este territorio poseen títulos mineros otorgados por las autoridades. Esto exige tomar una decisión responsable que considere y evalúe el impacto sobre toda la región y no solo sobre este proyecto en particular.

Además, la Constitución de 1991 otorga a la Nación la propiedad y uso del subsuelo y a los territorios y la comunidad los del suelo, por lo cual surgen conflictos permanentes. Para evitar que las decisiones nacionales desconozcan los impactos a nivel local, la Corte Constitucional ha exhortado en sucesivas sentencias al gobierno nacional y el Congreso para que definan y legislen sobre los instrumentos de concurrencia y coordinación entre la Nación y los territorios. Por esta razón, Garay cuestiona la legitimidad de las decisiones que la Anla sigue tomando sobre proyectos a gran escala, que abarcan enormes dimensiones sociales, ambientales y culturales, sin atender este llamado de la Corte Constitucional.

En Proantioquia, como actores sociales de la región, somos responsables de contribuir a la toma de decisiones públicas de grandes impactos sociales, ecosistémicos y ambientales y de exigir que estas consideren el bienestar presente y el de las nuevas generaciones. En este sentido, aclaramos que estas reflexiones no se refieren solo a un proyecto en particular, sino que constituyen un llamado a los organismos del Estado para que avancemos con la fortaleza institucional necesaria en la construcción de los nuevos modelos ecosostenibles de generación de riqueza que el país y sus territorios exigen para su desarrollo con equidad.

* Presidenta Ejecutiva.

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