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Publicado el 27 de mayo de 2022

Refugiados, migrantes y retornados; una prioridad para el nuevo gobierno

Ana Durán-Salvatierra y Mireille Girard*

El gobierno que asuma el liderazgo del país en agosto deberá seguir haciendo frente a varios temas que son indispensables para la construcción de una Colombia más equitativa y en paz, en donde nadie se quede atrás. El Sistema de Naciones Unidas recopiló estos temas clave en un documento titulado Una agenda común por Colombia. Allí se subraya como prioritaria la inclusión social a partir de mejoras en servicios básicos y en mecanismos de protección que incluyan, entre otras poblaciones, a los refugiados, migrantes y retornados, particularmente a aquellos provenientes de Venezuela. La inclusión económica de la población refugiada y migrante, como potencial de desarrollo de las regiones y del país, marcará una nueva mirada hacia el desarrollo integral de Colombia en los años por venir.

Colombia se ha convertido en un ejemplo global en la formulación de políticas de asistencia, protección e integración dirigidas a estas poblaciones y ha demostrado cómo una gestión de la movilidad humana adecuada puede convertirse en un motor para el desarrollo. Según el reporte del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etpv) es la iniciativa de regularización de población venezolana más grande que se está llevando a cabo en el mundo. A la fecha, más de dos millones de personas se encuentran inscritas en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (Rumv) y han sido aprobados más de 1.200.000 permisos por protección temporal (PPT), de los cuales a la fecha se han entregado 965.612. A esta medida se suman otras (más de 150) que, además de la regularización, han impulsado iniciativas en torno a la asistencia humanitaria, la protección de derechos y el acceso al portafolio de servicios institucionales que tiene el Estado colombiano para toda la población. Se trata de una iniciativa que es ejemplo de equidad y empatía frente a los retos actuales surgidos a consecuencia de la pandemia. Colombia ha aprendido que la respuesta a los desafíos que presentan los flujos mixtos de refugiados y migrantes, en vez de ignorar a quienes transitan o se asientan en el país, requiere de abrirles las puertas, garantizarles un acceso equitativo a derechos y brindarles oportunidades y, de esta manera, que estén en condiciones de fortalecer y aportar al país que los acoge.

No obstantes los avances, aún persisten desafíos en la inclusión social de la población refugiada, migrante y retornada. De acuerdo con la evaluación conjunta de necesidades implementada por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm) en 2021, 77 % de los hogares de refugiados y migrantes encuestados reportó que no tenía acceso a salud, 26 % de los niños no asistía al colegio, 24 % de los hogares enfrentaba inseguridad alimentaria y 36 % vivía en hacinamiento. Lograr superar estos retos de manera articulada con los propósitos de la inclusión productiva es clave para avanzar en el desarrollo social equitativo del país.

A lo anterior se suma que todavía muchas personas ven en los refugiados y migrantes un problema e, incluso, una amenaza. La xenofobia y sus expresiones disminuyen la posibilidad de integración de los refugiados y migrantes y aumentan la exclusión social, así como la vulnerabilidad de estas poblaciones, lo que resulta más costoso para el Estado. Por ello, las instituciones podrían obtener réditos al dar continuidad a la implementación de medidas antixenofobia, construidas desde la premisa de que las sociedades se ven fortalecidas por las ricas contribuciones de los refugiados y migrantes. La transformación comienza en el discurso.

La historia reciente de Colombia en cuanto país, que ha visto partir a muchos de sus nacionales, demuestra cómo este fenómeno incide de manera positiva en las dinámicas económicas locales. De acuerdo con el Banco de la República, en el año 2021 se recibieron desde el exterior alrededor de 830 millones de dólares en remesas de trabajadores colombianos en el mundo. Respecto al aporte de la población venezolana en el país, el Banco de la República, por una parte, y Fedesarrollo, por la otra, han estimado su aporte entre el 0,1 y 0,3 puntos porcentuales en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y 2021. Y en la década que sigue su aporte continuará siendo aproximadamente de 0,1 puntos porcentuales.

Por su parte, y resaltando la oportunidad que significa el Etpv, en noviembre pasado Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señalaba en entrevista para El Tiempo que calculan que por cada dólar que Colombia gasta para acoger a las personas venezolanas puede ganar hasta alrededor de dos dólares de retorno económico.

Incluir a los refugiados, migrantes y retornados en los planes de gobierno no es solo un derecho humano y un compromiso internacional, sino también una forma de avanzar hacia el desarrollo del país y hacia la garantía de derechos de quienes llegan para quedarse o continuar en tránsito. Por ello, es importante que se aproveche la oportunidad de la reglamentación de la recientemente promulgada Política Integral de Migración (PIM), para crear o fortalecer la institucionalidad necesaria tanto en Migración como en Protección Internacional, que permita la integración socioeconómica y cultural para los refugiados, migrantes y retornados; así como el fortalecimiento de lo alcanzado en materia de atención humanitaria, protección de derechos y acceso a servicios, de la mano de las entidades territoriales. Con un énfasis en la formulación de políticas, esta estrategia debe incluir el fortalecimiento de capacidades con un enfoque diferencial, la implementación de iniciativas de generación de ingresos en conjunto con el sector privado, la garantía en el ejercicio de los derechos, la coexistencia pacífica y la prevención de la xenofobia, además de medidas para la prevención de la trata y el tráfico de personas; todas ellas, iniciativas que redundan en el desarrollo de las comunidades de acogida.

Desde el Gifmm, coliderado por Oim y Acnur, seguiremos acompañando al Estado en la implementación de estos planes y políticas, de manera que se garantice su sostenibilidad y se siga fortaleciendo el modelo de gestión segura, ordenada y regular de la migración establecido por Colombia, así como la protección de las personas que lo necesitan.

*Ana Durán-Salvatierra es jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (Oim) en Colombia y Mireille Girard es representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia. Agencias colíderes del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm). Para conocer más sobre la Agenda Común por Colombia, visite el siguiente enlace: https://colombia.un.org/es/173615-una-agenda-comun-por-colombia

Por Ana Durán-Salvatierra y Mireille Girard

Colombia se ha convertido en un ejemplo global en la formulación de políticas de asistencia, protección e integración dirigidas a estas poblaciones y ha demostrado cómo una gestión de la movilidad humana adecuada puede convertirse en un motor para el desarrollo.

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