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Es de rigor cuando termina un conflicto armado repensar las funciones y la operatividad de la fuerza pública del Estado aludido; algunas veces estas reformas se incluyeron entre los puntos acordados. Las razones van desde el cambio en las condiciones fácticas del orden constitucional hasta las estratégicas y económicas. Por ello, cuando ya se percibía que el acuerdo con las Farc era inminente, empezó en el país una discusión sobre la creación de una guardia rural, la disminución del tamaño de las fuerzas militares y la modificación de su presupuesto, entre los puntos que recuerdo. Para la mayoría de los expertos esos cambios no eran oportunos, amén de la discordia ciudadana sobre el tema.
Dos años después, los descosidos de la fuerza pública son inocultables. Los problemas en el Ejército y en la Policía Nacional son graves y sistemáticos. No se trata de escándalos puntuales, las famosas y falaces “manzanas podridas”. No voy a hacer aquí un listado, siquiera indicativo, porque los hechos son tan conocidos que pueden rastrearse incluso en la prensa internacional. Me limito a señalar que no se trata solo de las arbitrariedades y abuso de la fuerza y la autoridad, que la “gente de bien” justifica como excesos inevitables en el ejercicio de una función legal; se trata de corrupción a gran escala y de acciones contra otros poderes públicos o fuerzas políticas legales, es decir, dañinas del orden constitucional.
Los problemas no se reducen a la fuerza pública. Como es sabido, la Constitución prevé la creación de “organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados” (Art. 223) entre los cuales están, entre los más robustos, el cuerpo técnico de policía judicial, el cuerpo de carcelaria nacional, y la Dirección Nacional de Inteligencia. La puesta en prisión de los directores de las dos principales cárceles del país, hace un año, develó que el Inpec es en el mejor de los casos un organismo que pacta el manejo de las cárceles con los delincuentes.
El marco jurídico y operacional de estos organismos se definió en condiciones excepcionales debido a las amenazas de las bandas narcotraficantes y los grupos armados ilegales. La última reingeniería del ejército y la policía se hizo a finales del siglo pasado, en plena escalada del conflicto armado. El gobierno Samper sobreaguó, entre otras mañas, porque le quitó dientes a la oficina del Alto Comisionado para la Policía, encargado del control de esa fuerza. El acto legislativo que modificó a la Fiscalía data de diciembre de 2002, en el punto crítico de la guerra. El DAS se desmanteló en 2011 y sus funciones se reasignaron sin debate ni examen alguno, sobre los diseños, directrices y mecanismos que lo convirtieron en una agencia criminal, como está comprobado en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán. Este asunto debe ser prioritario.
