Por Johel Moreno S. - redaccion@elcolombiano.co.co
Del inmenso potencial de energía hidráulica del Cauca, estimada en 10.000 MW, Pescadero Ituango (con 2.400 mw) fue seleccionado como el mejor, por ser el proyecto de mínimo costo y de máxima eficiencia.
Pero la ilusión de Antioquia de “vender aguaceros” como lo hace Epm, nos duró poco y se nos está embolatando por decisiones equivocadas tomadas durante el proceso constructivo: haber suprimido las compuertas de los túneles de desviación e incluir un tercer túnel que colapsó el 28 de abril de 2018, situación que generó la llamada contingencia que desató una “estampida” apocalíptica, un fantasma que sigue rondando en la Central.
Y a los cuatro años y medio de la catástrofe, sigue incierta la fecha de operación de las unidades 1 y 2, mientras las 3 y 4, con nuevos contratistas, apenas está en proceso de licitación.
Y de la caverna Sur, donde se instalarían las unidades 5, 6, 7 y 8, nada se sabe y permanece en el estado de socavación y destrucción que dejara el Cauca tras su paso por su interior durante 9 meses.
Los sobrecostos originados por la recuperación, sin tener en cuenta lo anterior, continúan desbordando el presupuesto inicial en más de $4 billones; un impacto financiero desproporcionado para el flujo de caja que debe estar reflejado en los pasivos de Epm, no así en los balances, mientras el proyecto esté en ejecución.
Y así Epm haya suscrito un “Acta de Finiquito” en el que recuperó tan solo $4.3 billones, debería retrotraer el acuerdo inicial aceptado y continuar con el reclamo de la póliza total que contra todo riesgo y por valor de 2.556 millones de dólares (sin contar el lucro cesante por valor de 628 millones de dólares) suscribió con Mapfre y que a la Trm actual son más de $16 billones. Hay que invalidar el acta, pues se demostró que no hubo dolo ni culpa grave y las reaseguradoras tendrán que responder por el resto.
Y de otra parte y como si fuera poco, a lo anterior se suma la multa impuesta por la Anla en mayo de este año por $5.133 millones de pesos (como responsable de no implementar medidas ambientales), más la de la Creg por $149.000 millones por incumplimiento del contrato de suministro de energía en firme a noviembre de 2019. Y en caso de no entrar en operación las unidades 1 y 2 el 30 de noviembre de este año, habría que añadirle el cargo por confiabilidad de 178 millones de dólares, sin contar el lucro cesante por la no facturación de energía...
Sorprende también la exigencia del gobierno central de evacuar las comunidades riberanas aguas abajo de la presa, pues es de suponer que los equipos ya instalados, estén listos para operar de manera balanceada y sincrónica, tras superar las pruebas protocolarias que demuestran que las vibraciones no son una amenaza para la estabilidad del macizo rocoso.
Hidroituango se encuentra hoy en cuidados intensivos, con un vertedero soportando un caudal del orden de los 2.000 m3/s para el que no fue diseñado y que será una carga lesiva mientras los caudales no se equilibren, pues a cada unidad de las 8 a instalar, solo le restaría 167 m3/s y además, no hay por dónde vaciar el embalse.
Por todos esos factores y muchos más, lo que está en juego es la supervivencia de Epm, la del proyecto y la energía del sistema interconectado del país. Aún es tiempo de analizar la ecuación del verdadero costo frente al beneficio para reducirlo quizá a 1.200 mw o aplazar para una segunda etapa la zona sur de la caverna
