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En las últimas semanas se han producido en el país graves violaciones de los derechos humanos, hay decenas de asesinados, desaparecidos, casos de violencia sexual en estaciones de policía, tratos crueles en contra de manifestantes y ataques a indígenas. Ha habido un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública. También el vandalismo de minorías violentas ha sido atroz, con víctimas fatales en la policía.
El país se hunde en un baño de sangre, mientras que el presidente Duque y sus ministros recurren a respuestas policiales no democráticas para enfrentar la protesta social: han reaccionado con una violencia extrema; justifican este despliegue de coerción como necesario para proteger la vida y seguridad de los ciudadanos; y buscan salvaguardar a la Fuerza Pública de rendir cuentas ante el poder judicial. Esto presupone además que una parte de la sociedad apoya estas soluciones antidemocráticas, como sucedió en el ataque en Cali contra la minga. Cansada de tantos bloqueos y desórdenes una parte de la ciudadanía desearía que no existieran más los derechos humanos. Así lo expresó la médica paraca de Cali, “¡que vengan las autodefensas y maten mil indios!” Se ha dicho también, “maten a todos los delincuentes”.
Esta grave crisis política y de seguridad ha llevado a que sectores de la sociedad planteen una reforma a la Policía y eliminar el Esmad. Para afirmar si esto es conveniente o no, es necesario primero entender cuál es la relación entre coerción, democracia y el poder estructural de las entidades que ejercen la autoridad coercitiva del Estado.
Hobbes parte de un estado de absoluta inseguridad producido por la guerra de todos contra todos, el cual impide que el Estado y su aparato de coerción haga posible la protección de los ciudadanos. Esto significa que la coerción es un rasgo definitivo del Estado y por ende de sus Fuerzas Armadas. El Estado delega en estas el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Si lo ejerce respetando el Estado de derecho y los derechos humanos, la policía contribuye a la formación de una sociedad democrática. Si no lo hace, la coerción se convierte en autoritaria, y se despliega más allá de los derechos y límites impuestos por la ley, socavando la democracia. La coerción, escribe Yanilda González, “ejercida de acuerdo con el Estado de Derecho implica, por tanto, límites a la autoridad policial para proporcionar protección y ejercer represión, basados no sólo en la ley sino también en la premisa de la igualdad de trato a todos los ciudadanos”.
La Policía Nacional —con 21.304 policías mujeres y 135.333 hombres— que desarrolla una serie de funciones civiles en las ciudades y territorios, requiere efectivamente de una reforma profunda, en la cual, más allá de la eliminación del Esmad, se plantee cómo puede superar prácticas como el uso extralegal de la fuerza letal, la aplicación arbitraria de la ley, la corrupción y el autoritarismo. Si superara estos problemas podría, cumpliendo su función civil, ayudar a construir una sociedad decente y democrática
