No vivimos en un mundo justo. Esta afirmación aplica a la mayoría de los Estados y a escala global. Mucho se ha discutido en la filosofía política acerca de si nuestro anhelo de justicia debería llevarnos a desear que en el contexto global y en el nacional se realicen cambios institucionales para cambiar esta situación.
Hay quienes afirman que no existen deberes de justicia para ayudar a los más pobres y que la idea de obligaciones morales y responsabilidades universales descansa en presupuestos insostenibles. “La justicia es algo que debemos sólo a nuestros conciudadanos. No hay entonces obligaciones de justicia frente a personas que no pertenecen a nuestro Estado”, escribe Thomas Nagel.
Por el contrario, otros consideran que las desigualdades y miseria en los países pobres están determinadas por la existencia de instituciones económicas y políticas globales que producen injusticias. Atribuyen así la responsabilidad de la situación de estos a la forma específica de dominio que se ha producido en el capitalismo.
Ante esto, los primeros han reaccionado diciendo que no es posible establecer un efecto causal entre sus acciones como participantes en el mercado global, con el aumento de la pobreza. Es el caso de las transnacionales y el mundo financiero, que producen explotación, dominio, -injusticias estructurales-, sin que pueda establecerse una relación causal con juntas directivas, accionistas. No es posible entonces imputar responsabilidades individuales a actores globales.
¿Pero hay o no injusticias estructurales? Veamos el caso de la industria armamentista. La producción de armas en los países industrializados (Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra), y su venta a los países en guerra, ha sido siempre un negocio lucrativo para los productores e intermediarios. En Colombia, el conflicto armado cobró la vida de millones de personas pobres y retrasó la posibilidad del desarrollo económico. Es claro que hay una relación causal entre la producción de armas en algunos países y su uso en otras regiones del mundo. Pero no es claro quién exactamente puede ser responsable por la muerte de los inocentes ciudadanos en las guerras. ¿Los que disparan? ¿Los que dan las órdenes? ¿Los que transportan armas legal o ilegalmente? ¿Los que las fabrican? ¿Los accionistas de las firmas que las producen? Esto es objeto de mucha controversia, y no es posible establecer responsabilidad individual.
Como no es viable establecerla, pero hay instituciones que producen injusticias estructurales, como la de las armas, se ha desarrollado otro modelo de responsabilidad, -denominada estructural-. “La injusticia estructural existe cuando los procesos sociales ponen a grandes grupos de personas bajo una amenaza sistemática de privación de los medios para desarrollar sus capacidades, al mismo tiempo que estos procesos permiten a otros tener una amplia gama de oportunidades para desarrollar y ejercer las capacidades disponibles para ellos” (Young, 2011).
La responsabilidad estructural permite atribuir responsabilidad a personas por las injusticias que ellas han generado mediante su participación en procesos que han creado pobreza y responsabilizarlas como grupos para que transformen las reglas institucionales, y así crear colectivamente situaciones justas. (Continuaré en una próxima columna).
