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Los actos vandálicos y terroristas vividos la semana pasada en Bogotá, por cuenta de las protestas organizadas por trasportadores y estudiantes, que dejaron como saldo varios heridos y cuantiosas pérdidas en bienes públicos y privados, sumados a los consabidos tropiezos en el normal desenvolvimiento de la ciudad y la movilidad de los ciudadanos, y que de no haber sido por la oportuna intervención de Esmad (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), que evitó una tragedia, luego de que unos salvajes encapuchados prendieran fuego al primer piso de la sede el Icetex sin importarles los 200 funcionarios que allí se encontraban laborando, no hicieron más que asistir de razones a quienes creen (me incluyo), que la protesta social tiene que ser reglamentada.
Si bien es cierto que en toda democracia se debe garantizar el derecho constitucional para expresar “libre y pacíficamente” el desacuerdo, el apoyo a causas, la protesta por medidas o decisiones que toma un gobierno, etc., como por ejemplo, la justa inconformidad por la que se manifestaron los estudiantes de la Universidad Distrital por los hechos de corrupción y malversación de dineros destinados a su educación, ese derecho, como todos, llega hasta donde empiezan los derechos de los demás y conlleva responsabilidades.
Sin embargo, tenemos que admitir que aquí la protesta social, precisamente por falta de reglamentación, se volvió una forma más de violencia y de perturbación del orden, que desvirtúa por completo el sentido democrático del reclamo, y además, nadie se hace responsable.
Esos espacios se convirtieron en las grandes oportunidades que los milicianos de los diferentes grupos al margen de la ley como Eln, Farc, etc., aupados por movimientos políticos con ideologías afines, utilizan para sembrar el caos y desestabilizar gobiernos locales o nacionales de turno. Delincuentes que, de tiempo atrás, sabemos que se atrincheran en las universidades públicas y vaya uno a saber por qué, a pesar del perjuicio que dicen que les acarrea, nadie delata, al contrario, parecieran proteger.
Siempre habrá razones para el disentimiento, sin embargo, creo que aquí hay extralimitación de ese derecho y nos estamos viendo obligados a padecer protestas tan absurdas y abusivas como la de los transportadores reincidentes en infracciones de tráfico, que no quieren que se les aplique la ley, y que dejaron como saldo de su disgusto: una decena de heridos, 150 buses dañados (vidrios rotos, llantas pinchadas, abolladuras, etc.), locales comerciales destruidos y una ciudad capital semiparalizada en su movilidad.
A la espera, entonces, de ese proyecto de ley estatutaria para reglamentar la protesta, de la que habló el Gobierno y, mientras tanto, mano dura contra los violentos, fortalecimiento al Esmad, y ojalá, las alcaldías pudieran exigirle a los organizadores de marchas un seguro de responsabilidad contractual a la hora de otorgar permisos, porque los demás no tenemos por qué acabar pagando los daños que los violentos amparados en el derecho a disentir cometen.
La protesta social es un derecho, pero aquí ¡se salió de madre!.
