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Bernardo A. Guerra Hoyos
Columnista

Bernardo A. Guerra Hoyos

Publicado el 10 de octubre de 2021

Secretaría de exclusión social

En la alcaldía de Medellín, lamentablemente, está presentándose una práctica que conduce a la corrupción más nefasta, como quiera que las secretarías, lo mismo que institutos, gerencias, filiales. agencias y demás entidades del conglomerado, están entregándose a grupos y personas con intereses particulares y politiqueros y, sobre todo, con la mirada puesta en la contratación multimillonaria, los cuales con frecuencia no desechan los pequeños contratos.

El municipio, entre sus secretarías, tiene la de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, destinada a ayudar y brindar alternativas de superación a los sectores que padecen el flagelo de la pobreza y la marginalidad.

Uno de estos grupos humanos vulnerables es el de quienes se ven forzados a ejercer la prostitución como forma de ganarse la vida, problema social que, desgraciadamente, está haciendo de Medellín una ciudad receptora del llamado turismo sexual, que nos avergüenza ante propios y extraños.

Desde hacía varias décadas en la alcaldía venía trabajándose en el programa de atención a la prostitución y trata de personas, que se denominaba “Por una vida más digna” y que ahora se llama “Por mis derechos”.

Era una alianza con el sector privado, sectores académicos, administración municipal y otros actores, entre los cuales se destaca la comunidad de Madres Adoratrices con su Fundación Amiga Joven, especializada en el tema y con amplia experiencia.

Fue siempre un trabajo serio, profesional, transparente, humanitario, eficaz y con verdadera vocación.

Lo que venía marchando bien la Secretaría mencionada lo desechó, cambió a las instituciones que venían trabajando y suscribió un nuevo convenio de asociación por valor de $ 553.000.000, para “desarrollar acciones conjuntas para atención de población adulta en ejercicio de prostitución”. El convenio se firmó con la entidad denominada Fundación Star Cop Humanity, con sede en la ciudad de Bogotá, representada por la señora Hannya Vanessa Clavijo Varela.

De un manotazo se descartaron años de trabajo con esta población. Se perdió la confianza difícilmente construida.

En este convenio con la firma bogotana están presentándose una serie de irregularidades muy preocupantes.

Por ejemplo, a los profesionales vinculados les presentan un contrato por $ 4.700.000, pero les hacen firmar una “contrapartida” por valor de $ 1.770.000, dinero que les retienen, y, además, les exigen que, si les preguntan cuánto les pagaron, manifiesten que la suma es la inicialmente señalada.

Hace poco se destacaba en este medio que zonas de la ciudad como el Parque Lleras están siendo tomadas por la prostitución y la explotación de menores de edad. Es una situación que se convirtió en una epidemia, ante la inoperancia de la Secretaría y de su contratista, que hace trampa con los salarios de sus empleados.

Cabe preguntar, entonces: ¿qué intereses se mueven detrás de este convenio para haber dejado de lado otras entidades antioqueñas que de tiempo atrás venían acumulando experiencia y conocimientos sobre esa problemática y, sobre todo, rescatando a jóvenes y adolescentes de las garras de la prostitución?

¿A quién se favorece con ese contrato y quién realiza la interventoría?

¿Cuáles son sus indicadores de cumplimiento?

Post Scriptum: En la administración municipal la improvisación se volvió la regla. En los 21 meses de desempeño del alcalde Quintero, ha tenido cuatro gabinetes, un promedio de cinco meses de duración por cada uno de los equipos directivos. Con esta interinidad, que se volvió permanente, los funcionarios en tan corto tiempo no alcanzan a desarrollar, ni menos a ejecutar, ningún plan serio y coherente de trabajo

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