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Federico Gutiérrez Zuluaga
Columnista

Federico Gutiérrez Zuluaga

Publicado el 28 de febrero de 2021

Seguridad integral para las regiones de Colombia

Colombia atraviesa un escalonamiento de conflictividad armada en sus diferentes regiones. En zonas tanto urbanas como rurales convergen diferentes actores criminales como los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y en general, las estructuras que conforman la Delincuencia Organizada Transnacional que actúan bajo una configuración en red que las conectan en sus operaciones delictivas, tanto al interior como por fuera del país con otros grupos y actores más allá de las fronteras colombianas.

Los hechos de violencia más recientes como los de Tumaco en nuestra costa Pacífica, han enlutado al país y comprometen principalmente a departamentos como Nariño, Antioquia, Córdoba, Chocó y Santander. No son hechos aislados, hacen parte de disputas criminales que deben ser repudiadas por toda la sociedad y contrarrestadas urgentemente por el Estado que no puede dar tregua en su lucha contra los grupos armados ilegales que afectan a la población civil, siguen generando desplazamientos forzados, asesinando a líderes sociales, violando los Derechos Humanos (DDHH) e infringiendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Lo que debemos tener muy claro es que estas estructuras criminales no actúan bajo ningún tipo de ideología política o reivindicación social, pues la disputa territorial y económica a la que se enfrentan es por el monopolio de las rentas criminales y el control de recursos estratégicos que les permita consolidar su poder y continuar con el lucro de sus propias organizaciones. Los ataques a la población civil son hoy un medio de combate para causar terror. Esta forma de operar en la que el territorio y la población se convierten en medios para lograr objetivos criminales, hace mucho más compleja la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.

Otro factor que se vincula al accionar de los grupos armados ilegales es que siguen ganando terreno en sus áreas de influencia, aprovechando los vacíos de poder que se dieron luego de la negociación con las Farc y que hoy son disputados por GAO’s como las Farc residuales, el Eln y el Clan del Golfo. Adicionalmente, la respuesta estatal históricamente en muchas zonas del país ha sido débil, produciendo atraso en el desarrollo de las regiones, oportunidades limitadas, poca credibilidad en las instituciones y en general, una débil presencia del Estado en los territorios.

Si bien la reacción de la fuerza pública tiene que ser inmediata y permanente, la respuesta del Estado no puede ser únicamente desde un enfoque militar y policial, también a través de acciones concretas que redunden en el desarrollo económico y social de los ciudadanos. En este sentido, las políticas de seguridad deben ser integrales, coordinadas con los líderes y poblaciones en los propios territorios y que combinen la fuerza legítima con la inteligencia y las oportunidades.

La mejor opción frente a la violencia que se perpetúa en nuestro país, es fortalecer una visión de seguridad integral en nuestras regiones que no sea ni de derecha ni de izquierda, acompañada de la confianza ciudadana en las instituciones, el respeto por los derechos humanos y la contundencia y efectividad en el accionar operativo de las fuerzas militares, que deben ser reconocidas como las portadoras del monopolio legítimo de la fuerza, pero también deben ser cercanas a la gente para generar un mayor reconocimiento.

Un país con futuro es posible; pero necesitamos unirnos alrededor de las regiones que más nos necesitan y no solamente brindarles la seguridad que requieren sino también la posibilidad de acceder a proyectos productivos, empleos dignos, salud, educación, cultura y todas las demás condiciones que les genere calidad de vida. Esta promesa efectivamente cumplida, es la mejor forma de avanzar hacia un país más democrático, seguro y en paz

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