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Están echando a bala a quienes se oponen a proyectos de infraestructura, deterioro ambiental, expansión pecuaria y cultivos ilícitos. A todo aquel que crea que es mejor modificar obras o desecharlas si es del caso porque afectan donde viven, la fauna y la flora, es decir su modo de vida o alteran el equilibrio ecosistémico con incidencia en una región o todo el país.
Desde siempre, gobernantes y planificadores a cientos de kilómetros se sienten con el derecho de modificar el modus vivendi de ciudadanos o pueblos enteros, aduciendo un interés regional o nacional que casi nunca deja réditos sólidos a los afectados y sí dolor. Una costumbre respaldada por legisladores que tras elegidos actúan a motu proprio ignorando a quienes les confiaron una representación.
Los empresarios dijeron no al Acuerdo de Escazú porque creen que otorga muchas garantías a la ciudadanía para que opine y frene todo eso que ellos llaman progreso y que les reporta mucho dinero a costa con frecuencia de daños ecosistémicos y sociales irreparables. Todo a cambio de unos empleos. Así, solo tienen derecho a opinar e imponer su voz quienes poseen dinero, idean proyectos y quieren desarrollarlos donde sea. Los demás estorban.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue más allá. Afirmó que los recursos naturales son para usarlos. Una advertencia tácita en este país donde las palabras con frecuencia son santo y seña, voluntariamente o no, para los grupos violentos. Ay de quien no permita usarlos.
Y eso está sucediendo. Porque se está asesinando y amenazando a quienes cuestionan grandes proyectos de infraestructura (que son los más jugo$$os) como el puerto de Tribugá, donde asesinaron a la querida dirigente ambiental Juana Perea. Pasó, y pasa, en la región donde se asienta Hidroituango, ese embeleco de la prepotencia paisa. (Solo dos ejemplos).
Megaproyectos, como plasmaba hace poco el escritor William Ospina, donde el beneficio para el ciudadano es cada vez más imperceptible.
No es oposición irracional sino reconocer que las personas, independiente de su situación, cuentan y hay que valorar su modo de vida, experiencia y conocimiento. Y su opinión. No pueden ser convidadas de piedra.
Porque resulta claro hoy que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio. Premisa que aplica para las ciudades, donde la violencia cobra otras formas, a menudo con desplazamientos sí o sí de persona y familias.
Están disparando a diestra y siniestra contra quienes creen y saben que su voz es valiosa y debe ser escuchada también.
Maullido: excelente el reconocimiento internacional a la JEP.
