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En un reciente artículo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, señalaba cómo, frente a las dificultades que se presentan a nivel mundial, “los gobiernos latinoamericanos exploran nuevamente el potencial de una política industrial activista”.
El residente del BID llama la atención sobre la necesidad de hacer una revisión de los fracasos que en el pasado se presentaron con las políticas sectoriales activas y recalca la importancia de contar con una “estrategia concreta para guiar los esfuerzos futuros”.
Para tal efecto, en el artículo de marras se hace referencia a un informe reciente del Banco en el cual se plantea la necesidad que existe de que los hacedores de política, al momento de formular políticas sectoriales activas, consideren “tres preguntas fundamentales”.
Ellas son, en su orden: ¿existe una clara falla del mercado que justifique la intervención gubernamental? ¿La política propuesta es eficaz para solucionar esa falla de mercado? ¿Cuenta el país con las instituciones necesarias para llevar adelante la política propuesta?
Para ilustrar la aplicación de estas preguntas en las políticas sectoriales adelantadas en el pasado por las naciones latinoamericanas se utilizan los casos del arroz en Costa Rica y Argentina. Estos ejemplos, a su vez, sirven para establecer el impacto y la eficacia que sobre el desarrollo sostenible de la agricultura tienen la protección y el gasto a través de los subsidios y la generación de bienes públicos.
En Costa Rica, “la industria arrocera tomó la ruta tradicional del cabildeo para conseguir protección. Aunque no había una falla de mercado qué remediar, el Gobierno accedió e introdujo elevados aranceles a la importación y subsidios para los poderosos productores locales; el resultado fue una caída de la productividad”.
Por su parte, los productores de la provincia argentina de Entrerríos le solicitaron al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que dedicara sus esfuerzos en encontrar nuevas variedades de arroz. Para ello, los agricultores accedieron a pagar un impuesto “para incrementar su presupuesto de investigación (superando así lo que los economistas llaman problemas de coordinación con el sector privado). Cuando se introdujo una nueva variedad del cereal, la productividad se disparó”.
Según el presidente del BID, en el caso argentino se aplicaron y respondieron, con rigor, las tres preguntas: se tenía una falta de coordinación en el mercado (falla de mercado), la cual fue atendida eficazmente mediante políticas públicas (pago de impuesto por los agricultores), y dichas políticas fueron implementadas por las instituciones adecuadas (el Inta). Esto aseguró el éxito de la intervención: aumento de la productividad y, por ende, de la competitividad.
Por el contrario, la utilización de subsidios en el caso costarricense muestra lo ineficaz (no aumentó la productividad del arroz), costosa (aumenta el gasto del gobierno) e inequitativa (los subsidios le llegaron a “los poderosos productores locales”) que resultan la protección y los subsidios.
Sin duda, Colombia está en mora de aplicar políticas agrícolas activas que dinamicen el sector. Para ello, antes que recurrir al fracasado libreto de años pasados, es necesario aprender de las experiencias exitosas.
