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Rafael Aubad López
Columnista

Rafael Aubad López

Publicado el 20 de mayo de 2019

Suroeste sostenible

La minería ha sido importante en el crecimiento económico de Antioquia. A principios del siglo XIX ayudó a los comerciantes a diversificar sus inversiones para la creación de nuevas empresas. Sin embargo, las dificultades que esta actividad económica ha dejado en temas sociales y ambientales no son pocos. Por ello su debida gestión se ha convertido en prioridad ineludible y asunto del mayor interés colectivo para no repetir errores tan costosos en dichas dimensiones. La minería plantea hoy definiciones rigurosas de cargas y compensaciones sobre un territorio y su población para ser aceptable. Es la discusión en el Suroeste antioqueño: ¿es posible consolidar la vocación agroindustrial del territorio, el turismo nacional e internacional ecológico, paisajístico y cultural, teniendo al mismo tiempo una gran explotación minera de cobre y oro?

La multinacional AngloGold Ashanti es quien lidera la opción de que son compatibles las dos perspectivas. En dos foros recientes, ha tenido la oportunidad de presentarle a la comunidad el proyecto Mina Quebradona. Allí reconoció que solo a mediados del año tendría las respuestas a muchas preguntas que se le hacen.

Entre otras: ¿cuáles son los efectos ecosistémicos sobre la flora y fauna?; ¿cuáles los impactos en el recurso hídrico superficial y subterráneo y sus estrategias de gestión edáfica e hídrica?; ¿cuál el impacto sobre la calidad de vida de las personas vecinas a la mina y visitantes del municipio y la subregión?; ¿cuáles por el uso de transportes y equipos técnicos en la construcción, sobre contaminación lumínica, acústica y vibraciones que se generan?; ¿cuáles las estrategias de monitoreo con información verídica de acceso público para hacerle seguimiento al proyecto? Y, ¿cuáles las investigaciones a fondo que soportan los estudios técnicos del mismo?

El agua es el elemento más sensible, pues son muchas las preocupaciones sobre la potencial infiltración incontrolada y en consecuencia pérdida de la riqueza de dicho recurso. Una explotación (creación de una caverna) a 700 m de profundidad de la planicie de Jericó y 200 m de la vertical del río Cauca, y una tunelería de 6 km desde el Cauca para llegar allí, necesariamente afecta no solo las tierras y las aguas en la parte alta sino en todo el trayecto ladera abajo. El impacto en suelos y aguas que ocurriría sería desastroso si no hay claridad y protección tanto en la superficie de la explotación como a lo largo de la ladera de la montaña y la pata de esta.

¿La contaminación del área por material particulado y ruido por el tránsito de volquetas de alto tonelaje (despacho de un contenedor de 30 toneladas cada hora durante 21 años) y tráfico inducido, entra en contradicción con una zona turística y ya residencial?

Los campamentos mineros cambian radicalmente las formas de convivencia de un territorio. Hay que responder entonces también a la inquietud si dichos campamentos y la nueva ciudadela —con sus nuevos usos y usuarios— son compatibles con los actuales moradores y los proyectos agroturísticos planteados para la zona.

Pero la pregunta más de fondo como país es, ¿no será que la mejor gestión minera es hacerla en territorios cuya vocación o potencialidades son claramente favorables a dicha actividad, al igual que el ambiente comunitario y, en consecuencia, los impactos son menores y las mitigaciones más seguras y posibles? Hablemos de esto también.

* Presidente Proantioquia

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