Por Fernando Velásquez V.
Acaba de conocerse el Informe de la Contraloría General de la República en cuya confección intervinieron cerca de veinte funcionarios, intitulado “Hidroituango. Informe de Actuación Especial”, que encontró seis hallazgos generados por el retraso en la construcción de esa presa (cuatro administrativos y dos fiscales). En efecto, en primer lugar, se habla del lucro cesante por la no entrada en operación de la central que –a junio de 2019– ascendía a $1.104,28 miles de millones; así mismo, en segundo lugar, se devela la ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal con la destrucción de valor del proyecto, producto de mayores inversiones por una cifra de $2.971,40 miles de millones.
En tercer lugar, se muestra un preocupante panorama en materia de la disposición de los equipos, el mantenimiento y su conservación; a lo cual se suma, en cuarto lugar, el uso de andamios y elementos de protección, con “un grave riesgo para la vida e integridad de los trabajadores de la obra”. Pero hay dos hallazgos más: en quinto lugar, la inestabilidad por desprendimiento de material del macizo y de las obras de protección del talud de la margen derecha del vertedero (sitio Capitanes), en el sector ubicado debajo de la construcción de la Base Militar y de la zona sur de la galería de compuertas; amén de “hundimiento y ondulación en el espolón de la presa aguas abajo”, por “posibles movimientos y desprendimientos de la roca” y presencia de filtraciones en el sector de la descarga intermedia y grietas dentro del macizo de la Casa de Máquinas. Y esto, advierte el ente de control, “evidencia falencias en los procedimientos de identificación, mitigación y reparación de riesgos materializados, lo cual en el mediano o largo plazo puede impactar económica, social y ambientalmente el proyecto y las zonas de influencia”.
Y, en último y sexto lugar, con los nuevos contratos de construcción de obras principales se observa vulnerado el principio de planeación, garantía de una eficiente y eficaz inversión de los recursos, pudiéndose denotar además con ello el incumplimiento del principio de economía. Por eso, se estima que la gestión de la gerencia y control del proyecto de generación eléctrica Hidroituango “no cumplió con los principios de eficiencia ni con los objetivos propuestos en lo referente a resultados físicos y financieros del proyecto”.
Así las cosas, con las metodologías utilizadas, la obra tendría un valor presente negativo de $ 5.716,66 miles de millones, por lo cual se concluye que “aún con un flujo de ingresos netos a perpetuidad (valor terminal) no es posible establecer un periodo finito para la recuperación de la inversión de capital en activos en el proyecto”. Con razón, pues, se asevera que si el horizonte de existencia de lo planeado es de cincuenta años se mira con “seria preocupación” el “futuro y viabilidad financiera del proyecto”.
Por supuesto, ante tamaña situación pueden adoptarse dos posturas: una, decir llenos de demagogia que todo es color de rosa y los críticos solo son ciudadanos mentirosos; y, otra, cuestionadora, que devela todos los entuertos y fiscaliza el horrendo manejo de los dineros públicos. Del primer parecer parece ser el candidato puntero en las encuestas, Alfredo Ramos Maya, quien sin ningún empacho dijo –al sellar un pacto con otro candidato que declinó su aspiración–: “A Medellín la vamos a defender de los que todos los días atropellan a EPM, nuestra empresa insignia. A Medellín la vamos a defender de los que han hablado mal de Hidroituango. Quieren imponer desde Bogotá con plata, mentiras y un facilísimo retórico que raya con la pobreza intelectual” (El Colombiano, 21 de septiembre).
Naturalmente, si él va a manejar así a EPM las esperanzas de enfrentar un debate democrático, crítico y constructivo sobre tan delicado tema son nulas y, por supuesto, se caerá en la misma retórica que todo lo atosiga. ¡Solo se quiere tapar el sol con las manos! .