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Llevamos siete meses de las nuevas administraciones regionales y el panorama político y administrativo de la región luce preocupante.
Medellín llegó al 2020 con tres problemas importantes que son el fortalecimiento de las estructuras criminales, el rezago fiscal y la acumulación de dificultades en Empresas Públicas de Medellín. La llegada de Daniel Quintero a la alcaldía ha empeorado las cosas; su opacidad de propósitos e indelicadeza en los métodos ya lo ha llevado a numerosas polémicas y salidas en falso. A los concejales Alfredo Ramos y Daniel Duque, los dejaron solos sus colegas y copartidarios en la votación de un plan de desarrollo antitécnico y desfasado. Nadie puede dormir tranquilo con este alcalde. Todos los ojos deben estar atentos con cualquier movimiento que ocurra en La Alpujarra.
Antioquia llegó al 2020 con el lastre de la administración de Luis Pérez: el enorme robo en Indeportes, la corrupción en la Contraloría, el abandono de los proyectos de sus antecesores, la ineficacia en la Fábrica de Licores y el capricho de la pista en Bello. La elección de Aníbal Gaviria fue una parada en piedra, es decir, certidumbre y experiencia, pero el fallo reciente de la Corte Suprema deja al Departamento en una interinidad que introduce una fricción nueva en los mecanismos administrativos y políticos. La salida altanera y carente de fundamento de Quintero contra el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, es un trueno que anuncia tempestades. Entre paréntesis, debo decir, que en el caso en disputa Suárez tiene la razón, ya que después de cuatro meses hay que afinar las medidas. Concuerdo por completo en esto con el columnista Ramiro Velásquez (“No más cuarentenas”, El Colombiano, 24.07.07).
Más que los siete meses que van, lo malo son los 41 que faltan. El gran riesgo de la región es perder lo ganado, con altibajos, desde que empezó la elección popular de alcaldes en 1988 y se fortalecieron la administración y las finanzas a comienzos de siglo.
En las últimas semanas el sector privado antioqueño hizo tres pronunciamientos que, a mi manera de ver, fueron certeros. Primero, apoyó al gobernador electo; después, impidió que Quintero hiciera una toma autoritaria de EPM; y, por último, pidiendo medidas específicas e inteligentes para enfrentar el virus, en lugar de la primitiva cuarentena total.
No obstante, me temo que esto no bastará. Llegó la hora de poner en marcha un mecanismo de coordinación de la sociedad civil donde estén las organizaciones de segundo nivel del empresariado, los organismos no gubernamentales, los centros de pensamiento y algunas individualidades, con el objeto de examinar día a día los temas regionales y emprender acciones autónomas más otras de apoyo al sector oficial. Como en 1990, hay que arremangarse y poner todos los brazos cívicos en acción. El departamento necesita ese apoyo, el municipio necesita ese control.
