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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 16 de octubre de 2019

Trapitos al sol

“Al desterrarte, destruyeron tu mundo. No pudiste ni traer a tus muertos [...] muchos tuvieron como tumba un río que no para de viajar” (‘Llanto en el Paraíso’, Patricia Nieto).

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó audiencias para indagar por los restos de desaparecidos en la zona de Hidroituango, una recopilación de información para decidir si ordena medidas cautelares en al menos seis municipios.

¿Se hizo todo lo posible para que no se destruyeran (con retroexcavadoras, por ejemplo) o inundaran los sitios donde se presume que yacen víctimas (o restos) de masacres o de desaparición forzada?

Para empezar, entre los múltiples convocados, el Partido Farc llegó sin los insumos suficientes, pero sí exigiendo que la JEP abra un caso macro. Ante los magistrados y asistentes, se reafirmó la desidia institucional como deshonra a las víctimas.

La delegada del Ministerio del Interior hizo una exposición de “protocolos” funerarios, con remate de call-center: “Todos los desaparecidos en Colombia son muy importantes para nosotros”. La dirección de Asuntos Indígenas no asistió (¿quién vela por la herencia Nutabe?).

La directora de Derechos Humanos de la Gobernación presentó programas pedagógicos para sepultureros y ofreció entregar indicadores de gestión, mientras los magistrados y el representante del Ministerio Público repetían la pregunta: “Para la Gobernación de Antioquia permanecen en la zona lugares de inhumación de personas dadas por desaparecidas, ¡¿sí o no?!”. Nada era de su competencia.

Timisay Monsalve, antropóloga forense de la Universidad de Antioquia, se refirió al “traslado administrativo” de cementerios (convenio Integral/EPM): “No intervinimos lugares que no fueran cementerios [...] ni lugares que estaban en procesos judiciales [...] seguimos los protocolos forenses [...] No era un trabajo arqueológico ni forense: era bioantropología”. Según Monsalve, EPM no entregó polígonos de exhumación.

En medio de “estrictos protocolos”, lavaron la ropa de los cuerpos encontrados “para que los familiares pudieran identificar a sus seres queridos”. ¿Destruyeron evidencia?

¿Y la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación que tenía las pruebas en contra de ‘Jesús Santrich’ y no las entregó a tiempo a la JEP –‘Santrich’ salió orondo porque, sin las pruebas de Fiscalía, la JEP quedaba maniatada para excluirlo– es la misma Fiscalía que llegó sin datos consolidados a esta reciente audiencia de la JEP; la misma que permitió “traslados administrativos” sin suministrar a los antropólogos información sobre la posible existencia de personas desaparecidas en los cementerios de Orobajo, La Fortuna y Barbacoas. Es la Fiscalía –de Néstor Humberto Martínez, de Fabio Espitia, da igual– que no acompañó los “traslados administrativos” a pesar de la violencia histórica de la región. ¿Incompetencia? ¿Dolo?

Si esas tierras y aguas arrancaran los muertos de sus entrañas, ¿arrojarían víctimas de masacres, como la de Orobajo (12/07/1998)?

Patricia Nieto, cronista de guerra, solicitó acompañar el “traslado administrativo” de cementerios. El equipo de antropología se negó: “Tal vez en una etapa posterior”.

En una exposición digna de un documental, Gabriel Salas, geógrafo de la JEP, dio cuenta de las herramientas científicas de geolocalización a las que ha apelado para detectar lugares donde podría haber restos. ¿Medidas cautelares? ¿Desembalsar (casi imposible)? ¿Arqueología subacuática (de poca profundidad pero con dificultades de visualización)?

Durante años, la ineptitud y descoordinación interinstitucional han lavado su ropa sucia en casa; las audiencias de la JEP empiezan a sacar sus trapitos al sol.

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