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Publicado el 06 de enero de 2022

Trato inhumano, cruel y degradante

Por Luis Hernán Tabares Agudelo

Llama poderosamente la atención —entre muchos colombianos— que por tercera vez en la plenaria de la Cámara de Representantes en este periodo legislativo se hunda el proyecto de ley sobre la eutanasia.

Se podría afirmar que el mensaje que envía el Congreso al negar este derecho fundamental es de una imposición de una visión del mundo que no todos los colombianos comparten. De hecho, debemos todos ser capaces de vivir dentro de esas diferentes visiones: que se respete la libertad de cada uno de decidir con autonomía sobre su vida y el destino de su propia existencia.

El proyecto contenía que tendrían derecho a la eutanasia los mayores de 18 años, las personas que tuvieran una condición o una enfermedad grave incurable que les generara un sufrimiento insoportable y que los llevara a manifestar su deseo libre de acceder a la eutanasia: a morir dignamente.

El proyecto no obligaba a nadie a quitarse la vida, no obligaba a nadie a aplicarse la eutanasia; por el contrario, solo regulaba que quienes quieran hacerlo lo pudieran hacer. Y los que no lo consideren por posición religiosa, moral, política, ética pues no lo hagan. Pero que el poder legislativo no regule este derecho, no saque la ley para que no se imponga a los colombianos una restricción total sobre un derecho fundamental es un retroceso en la democracia actual.

Aunque en Colombia existe la libertad entre las ramas del poder público, a la legislativa debería importarle lo dicho por la Corte Constitucional, pues ella es la encargada de interpretar la Constitución. La Corte ha interpretado en varias oportunidades que la muerte digna es un derecho fundamental. No permitir a un ser humano morir cuando sufre intensos dolores y la medicina no puede hacer nada para curarlo es infringirle trato inhumano, cruel y degradante. Esto lo prohíbe tajantemente la Constitución. Por lo tanto, el Congreso debe legislar sobre el asunto. No basta con negarlo en los debates o hundir el proyecto de ley con el cuento de no estar de acuerdo.

La cuestión es preguntarnos: si la Corte ha dictado cómo es este derecho, ha ordenado su regulación y si el Congreso sabe sobre estos pronunciamientos, ¿por qué se niega un derecho fundamental a los colombianos? Esto, además, provoca inseguridad jurídica, dejando un hilo muy delgado entre el delito de homicidio por piedad y este derecho fundamental.

Hoy las alternativas que le quedan a los colombianos son, primero, insistirle al Ministerio de Salud en que saque una nueva resolución conforme a la nueva sentencia de la Corte; segundo, presentar acción de tutela, en el entendido de que es la misma Corte la que ha dicho que los derechos fundamentales en Colombia se protegen a través de ella.

Debido a que en marzo de 2022 vamos a elegir un nuevo poder legislativo, debemos velar por uno que abrace ideas del mundo liberal para que se pueda regular el derecho a la eutanasia 

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