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The New York Times
Columnista

The New York Times

Publicado el 04 de noviembre de 2019

Trump ha recibido una invitación formal a ser destituido

Por JOSHUA C. HUDER

El jueves, cinco semanas después de que la portavoz de la Cámara, Nancy Pelosi, anunciara una investigación formal de juicio político sobre el presidente Trump, la Cámara de Representantes adoptó una resolución que confirma esa investigación. El momento es algo confuso: la Cámara ha tenido éxito en varios casos judiciales recientes, y no hay nada en la Constitución o en las reglas de la Cámara que requiera que adopte una resolución para llevar a cabo una investigación de juicio político. Entonces, ¿por qué ahora?

Hasta ahora, la investigación de juicio político se ha desarrollado principalmente de la misma manera que las investigaciones e impugnaciones anteriores del Congreso. Las recientes declaraciones y testimonios tomados por los Comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión son similares al proceso de descubrimiento realizado por el Comité Selecto del Senado sobre Watergate. También era un brazo de investigación; una investigación formal de juicio político no se inició en la Cámara hasta un año después, en febrero de 1974.

Las declaraciones y pruebas fundamentales para el juicio político de Richard Nixon ocurrieron a través de la autoridad y capacidad de supervisión normal del Congreso. También deterioró tanto su apoyo político en el Capitolio como su aprobación pública, que se desplomó 41 puntos entre enero de 1973 y enero de 1974.

Así que por ahora, dado el apoyo a la Cámara por parte de las cortes y la capacidad para obtener información crítica en el escándalo de Ucrania, uno pensaría que aprobar una resolución es innecesario, o al menos un momento inapropiado.

Pero lo contrario es cierto: en casos como este, los procedimientos de formalización establecen una intención política e institucional inconfundible. Es diferente al teatro político: golpes de prensa, discursos, asaltar una “instalación de información compartimentada sensible” en el Capitolio, que los políticos usan para influir en la opinión pública.

Los procedimientos son donde el caucho se encuentra con la carretera. Formalizar la investigación de juicio político representa un cambio significativo del trabajo preliminar y en gran medida detrás de escena a pasos mucho más públicos, legales y políticos, hacia el juicio político. Centra la atención en el elefante en la sala: se han tomado decisiones políticas y la Cámara impugnará al presidente Trump.

La resolución logra varias cosas. Primero, socava la defensa legal de la Casa Blanca contra el juicio político. Los abogados del presidente Trump argumentaron que las citaciones de la Cámara carecían de un “propósito legislativo legítimo” porque la Cámara no había adoptado una resolución formal de juicio político.

Esa defensa va en contra de más de 90 años de interpretación legal que establece la autoridad del Congreso para buscar y obtener información basada únicamente en un “posible propósito legislativo” sin un fin predecible. La defensa del presidente también conlleva importantes implicaciones de separación de poderes, lo que potencialmente limita el alcance de la autoridad de supervisión del Congreso.

Sin embargo, la resolución de la Cámara socava los débiles argumentos legales del presidente y agilizará otros casos de la Cámara contra el presidente que, con los Comités de Medios y Servicios Financieros incluidos en la autorización de juicio político, claramente continuarán siendo perseguidos.

En segundo lugar, la resolución socava la defensa política del presidente. Los republicanos argumentaron que la investigación de la Cámara es un “proceso simulado”. En ausencia de una resolución de juicio político, dicen, la investigación carecía de transparencia, derechos de debido proceso para el presidente y la validez de un voto de la Cámara.

Tenían un punto. Hasta ahora, la investigación de juicio político se había basado esencialmente en la declaración de Pelosi en una conferencia de prensa el 24 de septiembre. La distinción entre la Cámara y la portavoz no debe pasarse por alto. La portavoz tiene mucho poder, pero no es unilateral. Se basa en el apoyo de la mayoría de la Cámara. Sin una mayoría, la autoridad procesal de un portavoz resulta en muy poco, y eso incluye consultas de juicio político.

La aprobación de una resolución arroja el peso de la Cámara de Representantes detrás de las palabras de la portavoz Pelosi, aclarando el propósito de la Cámara para los jueces que, hasta ahora, se han visto obligados a interpretar si las investigaciones de la Cámara equivalen a una investigación de juicio político. También socava los argumentos del proceso de los republicanos al delinear los procedimientos de investigación y audiencia y los derechos otorgados al presidente durante todo el proceso

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