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Isabel Gutiérrez Ramírez
Columnista

Isabel Gutiérrez Ramírez

Publicado

Una deuda por pagar

Hace un tiempo visitaba una comunidad en Cáceres, Antioquia. Para llegar tardamos más de 15 horas desde Medellín, pasando por todos los medios de transporte. Nos estaba esperando una comunidad muy especial. Con ella conversamos sobre el conflicto, la presencia paramilitar y la guerrillera, el sustento que les daba la hoja de coca. Don Luis, un líder de la vereda, nos contó cómo el gobierno había apoyado la producción de yuca. Él y su comunidad no habían podido vender nada porque los costos de llevar la yuca a los clientes eran más altos que el precio de venta posible. Con tristeza, nos contaba que la yuca se pudría en su lote. Esta comunidad no erradicaba la coca porque era su sustento. Habían aprendido a bañarla con melaza para que la fumigación no la quemara.

Don Luis nos contó sobre la muerte de su hijo, a quien había matado la guerrilla en un enfrentamiento. También nos contó que su hermano y su sobrino habían muerto mientras caminaban el campo en un lugar cercano; habían caído en una mina antipersonal.

La historia de don Luis es la historia de miles de colombianos que viven en el miedo y la zozobra, en la pobreza y el abandono.

Y ahora que se habla de la “paz total”, que se vienen una reforma tributaria y una agraria, que se planea introducir nuevas rigideces en el mercado laboral, no podemos olvidar que los campesinos de Colombia necesitan, además de seguridad, posibilidades de desarrollo económico. Para lograr esto es importante la llegada de la institucionalidad al territorio, de empresas, de tecnología de precisión en la agricultura, de bienes públicos como los distritos de riego, de crédito, de organizaciones sociales que fortalezcan el tejido social, y de una fuerte presencia del sector educativo que genere condiciones para un futuro con oportunidades.

El desarrollo de la ruralidad necesita soluciones de mercado. Esto implica soportarse cada vez menos en subsidios y medidas proteccionistas que distorsionan precios y reducen la productividad, y más en oportunidades sostenibles en el largo plazo. Estas oportunidades vienen por negocios sostenibles, que no dependan de vaivenes políticos, que puedan desarrollarse con seguridad jurídica en el corto, mediano y largo plazo.

El bienestar de los colombianos y, en especial, de los campesinos de Colombia no es una responsabilidad exclusiva del Estado. Organizaciones de carácter público o privada y el tercer sector deben volcar sus ojos a nuestra ruralidad. Allí se tejen montones de oportunidades que nos permitirían encontrar nuevas fuentes de ingresos, ser más competitivos como país, pero, sobre todo, llevar mayor bienestar y prosperidad a personas como don Luis. Los ciudadanos de Colombia se lo debemos a nuestros campesinos 

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