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Cuenta la historia oficial que - al ver que la pólvora y todo el arsenal de la armería de San Mateo pasaría a manos realistas, el capitán Antonio Ricaurte decidió inmolarse para evitar el triunfo del ejército español en una de las tantas batallas de la Guerra de Independencia. Por aquel heroico actuar, el gasoducto que conecta Colombia y Venezuela lleva su nombre: “Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte”, que va desde la costa oriental del lago Maracaibo hasta La Guajira.
Inactivo desde 2015, el gasoducto Ricaurte ha vuelto a acaparar titulares con la llegada del Gobierno Petro.
El fantasma de revivir la importación de energéticos venezolanos afloró desde campaña. Aunque muchos desestimaron el rumor, en su momento los Galán lo denunciaron como uno de los motivos para elegir adherirse a Rodolfo en lugar de Petro. Sonaba a conspiraciones castro-chavistas.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, el gas venezolano se ha vuelto parte del discurso oficial del Gobierno. Al comienzo solo lo defendían públicamente Irene Vélez y, con sospechosa vehemencia, el embajador Benedetti. No obstante, recientemente hasta Ocampo y el ministro de Comercio, Germán Umaña, le dieron su visto bueno. Parece ser oficial: a pesar de que nuestras reservas probadas vienen disminuyendo sistemáticamente en la última década, el Gobierno Petro mira con menos recelo depender del gas venezolano que permitir nuevos contratos para explorar gas en el territorio nacional.
¿Será que el gas que se extrae del otro lado de la frontera no genera emisiones? Resulta sumamente incoherente que Petro hable de “soberanías” de todo tipo, pero que al mismo tiempo formule una política energética que menosprecie de tal forma nuestra soberanía de gas natural, más aún teniendo en cuenta su importancia en la transición energética. El gas tiene un rol clave en la generación térmica que le da confiabilidad a nuestro sistema eléctrico ante la posibilidad de sequías como las de 2015 y 2016, donde ya en aquel momento no se realizaron las importaciones de gas esperadas desde Venezuela por el deterioro de las relaciones con ese país. A pesar de este historial, e ignorando totalmente las lecciones que deja la crisis energética en Europa por la dependencia de Putin y el gas ruso, el gasoducto Ricaurte está más sobre la mesa que nunca. El gas natural producido nacionalmente paga regalías y es más barato. Aun así, estamos aceptando, voluntariamente, depender del autoritarismo del otro lado de la frontera.
Bloomberg Línea reveló el año pasado que las discretas empresas Prodata Energy y Energy Transition SAS ESP serían quienes tendrían la autorización para suministrar y distribuir el gas venezolano hacia Colombia. Sin embargo, según publicó este mes el portal de periodismo investigativo armando.info – responsable de divulgar el saqueo bolivariano en Venezuela en los últimos años -, los tiempos de la constitución de estas compañías coinciden con el ascenso de los chances de Petro durante la carrera por la presidencia: la antigua prestadora de servicios petroleros Production Data Acquisition Wire Line se cambió el nombre a Prodata Energy justo en febrero de 2022.
Por otro lado, detrás de estas empresas estarían dos venezolanos con vínculos a Tareck El Aissami, uno de los superpoderosos de la dictadura de Maduro, y quien enfrenta cargos por narcotráfico ante la Corte Federal de Manhattan por presuntamente ser uno de los estrategas detrás del Cártel de los Soles.
Coherente con su nombre en honor a Antonio Ricaurte, lo que rodea este gasoducto tiene todo el potencial de, en cualquier momento, estallar.
