viernes
7 y 9
7 y 9
Varias regiones del país, la mayoría azotadas por la violencia o con pocas opciones de desarrollo, tienen una oportunidad real de generar miles de empleos formales en el corto plazo. Las condiciones están dadas: empleadores y empleados están prestos a trabajar, existe un marco normativo eficiente, los entes territoriales respaldan la iniciativa y, lo más importante, la actividad económica es rentable y de largo plazo. El gobierno Duque formalizó cerca de 30 mil pequeños mineros, cuatro veces el total de mineros formalizados en los doce años anteriores. Un dato poco conocido es que cada minero formalizado crea entre 20 y 50 puestos de trabajo directos, además de generar beneficios ambientales, mejoras en el orden público y mayores ingresos para municipios y departamentos. Lo único que se requiere para continuar la transformación de miles de mineros informales en micro y pequeños empresarios es la voluntad del gobierno nacional.
El éxito de la política de formalización radica en diferenciar entre quienes extraen minerales ilícitamente para financiar grupos delincuenciales y quienes ejercen la minería con vocación de legalidad. A los primeros hay que combatirlos y aplicarles todo el peso de ley. Justamente, desde 2018, con el apoyo del gobierno norteamericano y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio de Minas y Energía publica anualmente el reporte Evidencia de explotación de oro de aluvión, el cual usa una herramienta satelital para identificar en qué regiones se lleva a cabo esta práctica. Para los mineros con vocación de legalidad, se desarrolló una política pública integral con enfoque diferencial, la cual se materializó con la reglamentación de los artículos 325 y 326 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
La política reconoció explícitamente las características de la pequeña minería y ajustó los requisitos técnicos y contractuales para otorgar títulos mineros, sujeto al cumplimiento de estándares ambientales, como el no uso de mercurio. Como complemento, se creó el Ecosistema de Fomento Minero, que combina oferta pública y privada en cinco líneas estratégicas: asistencia técnica, desarrollo empresarial, comercialización y trazabilidad de minerales, inclusión financiera e investigación y desarrollo. El Ecosistema promueve una minería con visión de negocio y les permite a los pequeños mineros aportarles económica y ambientalmente a sus territorios desde la legalidad. También se modificó el Sistema General de Regalías y por primera vez se destinaron 36 mil millones de pesos para cofinanciar centros de desarrollo minero, beneficiando a 400 mil mineros. Es importante resaltar el compromiso del sector privado con esta política, en la que empresas como Mineros S. A. y Acerías Paz del Río han participado activamente en procesos de formalización. Finalmente, este año el Congreso aprobó la Ley de Bancarización Minera, y se crearon alianzas con el Banco Agrario, Banca de las Oportunidades, gobierno suizo y Superintendencia Financiera.
Como lo demuestran las cifras, la política de formalización ha sido muy exitosa. Si el gobierno anterior, además de diseñar e implementar esta iniciativa sectorial, formalizó cerca de 30 mil mineros en cuatro años, el nuevo gobierno debería, al menos, triplicar esa cifra. ¡Qué mejor política social que la generación de empleo formal y bien remunerado en las regiones!
