Por LUIS HERNÁN TABARES AGUDELO
Corporación Universitaria Americana
Facultad de Derecho. Décimo semestre
lhernanta@gmail.com
Con el proceso de paz con las Farc surgió el capítulo de víctimas, el cual consiste en cómo y con qué se van a reparar.
Para tener acceso a la reparación por ser víctima surge la Ley 1448 de 2011 con un principal objeto: establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones...
Colombia es un país respetuoso de las víctimas pero también de la propiedad privada. Entre tanto, estamos confundiendo hace rato en el país tres situaciones que no han surgido producto del conflicto interno: líder social, víctima e invasor de tierras.
Además, también crea confusión lo relacionado con falsas víctimas o falsos reclamantes. La misma ley dice en su artículo 120 que el que obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años...
Hay que enfatizar que se vienen presentando muchos casos de falsas víctimas que ven en esta ley una gran oportunidad de recuperar un bien inmueble que vendieron sin ninguna presión por parte de ningún actor del conflicto armado de Colombia. O, de invasores invadiendo propiedad privada, dando origen a otro conflicto con el agravante de que se vuelve un círculo vicioso de violencia. Colombia viene superando una época de invasiones a la propiedad privada por parte de colombianos de escasos recursos o de expertos vividores. La muerte de María Pilar Hurtado a manos de sicarios pistoleros y ver a su pequeño hijo llorando a gritos nos partió el alma. Pero no podemos pretender ver en todo colombiano invasor de tierras una víctima del conflicto armado o un líder social.
El gobierno actual debe actuar con contundencia para que los colombianos al buscar una vivienda no tengan que invadir fincas o terrenos, no tengan que hacerse pasar por víctimas debido a que también debe proteger la propiedad privada por mandato constitucional. Igualmente, no tengamos que matarnos por proteger un bien -que a todas luces- debe hacerlo el Estado.
En la mitad del territorio nacional no hay presencia contundente del Estado; no hay jueces ni policía ni ejército.
No hay Banco Agrario y las entidades gubernamentales -como secretarías, Defensoría del Pueblo, Personería, Fiscalía o Procuraduría- no llegan porque es peligroso para la vida de sus funcionarios. Entonces, prolifera la corrupción y ley de matón más fuerte: Eso mató a María del Pilar Hurtado.
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