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Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 27 de mayo de 2022

Voto en defensa de la democracia

El presidente de la República es jefe de Estado (dirige las relaciones internacionales y la seguridad exterior), jefe de gobierno (responsable de las relaciones con las demás ramas y órganos del poder) y suprema autoridad administrativa (cabeza de lo concerniente a la adecuada y eficaz administración del Estado).

En Suiza, en vísperas de elecciones, las autoridades reparten una cartilla que contiene las funciones específicas correspondientes a cada una de las tres jefaturas, para que los ciudadanos comparen el esquema constitucional con las propuestas de los candidatos y puedan sacar conclusiones sobre cuál de ellos garantiza la defensa de las estructuras democráticas.

En Colombia no estamos en condiciones de adelantar un ejercicio de esta naturaleza, pero sí es posible identificar los comportamientos y propuestas de los principales candidatos, con el fin de establecer su voluntad de cumplimiento con las instituciones y su deseo de defenderlas como elementos fundamentales del modelo democrático.

En este orden de ideas, no cabe duda de que el candidato que se caracteriza por predicar de manera más contundente su voluntad de respetar y acatar el esquema de las instituciones es Federico Gutiérrez, los otros candidatos han dejado ver en más de una ocasión, directamente o a través de sus más cercanos partidarios y seguidores, su voluntad de no acatar ni guardar respeto por las decisiones y razón de ser de otros órganos del Estado, especialmente los que hacen parte de la Justicia y el Ministerio Público, guardianes indiscutibles del Estado de derecho.

La Constitución de 1991 dispone que la soberanía reside en el pueblo, es decir, en cada individuo, de manera que, bajo este concepto, el voto se convierte en un derecho cuyo ejercicio corresponde a cada ciudadano, titular indiscutible del mismo. Dice el artículo 258 de la Carta: “El voto es un derecho y un deber ciudadano”. Concebir el voto como un derecho significa que cada individuo está en su plena y libre facultad para ejercer o no el sufragio. Pero la Constitución fue más allá y consagró el voto como un deber, no solo social, sino fundamentalmente de carácter ético, de manera que ejercer el derecho al voto se convierte en una exigencia de carácter moral, pues su ejercicio responsable hace que el ciudadano intervenga activamente en todo aquello que significa la defensa moral de la sociedad y del Estado.

Ejercer el derecho al voto significa que hay un afán supremo en la defensa de la democracia y lo que ella significa como forma de gobierno y de organización política de la sociedad. Pero defender la democracia también significa respetar las instituciones que la conforman, en otras palabras, hacer que el valor supremo del Estado social de derecho se convierta en una exigencia moral del más alto grado. Desde este punto de vista, no basta con votar, sino que es menester actuar con un voto históricamente responsable, que sin renunciar a las aspiraciones ciudadanas, exprese una especial preocupación por la defensa histórica de las instituciones 

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