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La situación carcelaria vuelve a ser noticia. Las presos y sus familias gritan con dolor y desesperación, y el gobierno responde con pañitos de agua tibia. En esta ocasión anunció el siguiente paquete de medidas: un sistema de salud especial para las cárceles; la entrega de 12.000 nuevos cupos; la construcción de más prisiones por agentes privados; la creación de una agencia de empleo para manejar los programas de estudio y trabajo; y el debilitamiento del populismo punitivo.
Ninguna de las medidas es nueva y ninguna tiene la capacidad de conjurar la crisis. Para aquellos que hemos sugerido durante años medidas conducentes a despresurizar el sistema penitenciario y disminuir el sufrimiento humano, las propuestas gubernamentales son un mal chiste. Para los presos, sus familiares y quienes trabajan en las prisiones, el paquete anunciado es un insulto. Veamos.
La crisis del modelo de atención en salud fue declarada en 1998. En el marco de una serie de tutelas sobre el derecho a la salud en prisiones, la Corte Constitucional declaró que el estado de ese derecho era motivo de vergüenza y ordenó “constituir o convenir un sistema de seguridad social en salud” para los presos (T-606 de 1998). La orden no se cumplió y la situación del derecho a la salud siguió siendo deplorable. Durante años, funcionarios de madera defendían como solución un grosero contrato con CAPRECOM. Entre tanto, los presos se pudren y mueren.
Tres ministros de Justicia de este gobierno han prometido nuevos cupos. Ninguno ha cumplido. El déficit de cupos carcelarios es gravemente subestimado por la administración: cuentan cupos en donde no hay e incluyen cupos en su conteo que nunca cumplirían con estándares básicos. La mitad de las cárceles colombianas está al borde del colapso estructural, literalmente.
La construcción de más prisiones en asocio con privados no tiene nada nuevo. Desde la crisis de 1998, los penales han sido construidos por privados. El business es redondo; el resultado: cárceles mal construidas, en locaciones absurdas, con escasez de agua y -para rematar- con sobrecostos exorbitantes.
La creación de una agencia que genere trabajo productivo en prisión ha sido una fantasía de los gestores del modelo penitenciario colombiano. El código de 1993 elevaba su promesa mediante la Sociedad de Economía Mixta “Renacimiento”. Esa empresa fracasó estrepitosamente por diseño, ineptitud y corrupción. Lo que ahora propone el gobierno es una variación de ese delirio.
Finalmente, la medida más chocante es la que promete acabar con el “populismo punitivo”. El actual gobierno ha contribuido a difundir la creencia de que a golpe de derecho penal se resuelven los problemas sociales y, ahora, ofrece el antídoto. Esto es tan cínico como el médico que infecta para curar.
Eduardo Galeano consiguió, en su imperecedera prosa, evocar el sufrimiento de los presos. Narrando la visita de un defensor de derechos humanos a un penal peruano escribió: “En aquella soledad llena de gente, todos los hombres estaban condenados a la tristeza perpetua. Los presos desnudos, amontonados unos sobre otros, balbuceaban delirios y humeaban fiebres y esperaban nada”. El visitador buscó al director: no estaba, lo recibió el jefe de médicos. El visitador remarcó que durante su visita no había visto médicos. El jefe explicó que los médicos solo actuaban cuando el enfermero llamaba. “¿Y dónde está el enfermero?” preguntó el visitador. “No tenemos presupuesto para pagar un enfermero”, respondió el jefe. ¡Cabal!.
