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Las obras inconclusas que existen en Colombia valen veinticinco billones, calculadas solamente las más importantes, que alcanzan el número de 1.400. Es decir, su valor supera y duplica una reforma tributaria, cifras dadas por la propia Contraloría General de la Nación.
Una obra inconclusa es el resultado de la contratación sin los presupuestos asegurados o del despilfarro de los recursos asignados o la desaparición de los dineros desembolsados para la ejecución; todos esos casos, violatorios de los estatutos de contratación y, en su mayoría, con serias repercusiones en el Código Penal.
Situaciones estas que involucran seriamente a los ordenadores del gasto, así como a las juntas directivas, en el caso de los organismos estatales que las tienen, para lo cual la Ley señala responsabilidad solidaria a sus miembros. Pero también está la conducta de las contralorías, de los funcionarios encargados de la ejecución de la contratación, así como de las firmas de interventoría.
Esta es la razón por la cual los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, no pueden conformarse con dar a conocer las cifras, sino con aplicar ejemplarmente las sanciones que les corresponde, así como de iniciar las acciones correspondientes ante la justicia penal ordinaria, para que esta irregular y, en muchas oportunidades, criminal conducta no siga esparciéndose como el agua del crudo invierno.
Nos aterra pensar, según informe de la directora del Departamento Nacional de Planeación, que faltan por ejecutar quince billones del renglón de regalías, en donde se urge a alcaldes y gobernadores para que lo hagan con prontitud, pues los recursos se encuentran disponibles, y que muchas de estas asignaciones tengan el trágico destino a que se ha acostumbrado.
Si no se diseña un mecanismo efectivo para obligar a los responsables a terminar las obras, el doloroso cuadro se seguirá presentando indefinidamente, mientras se continúa insistiendo en la necesidad de mayores recursos para sufragar el gasto público.
El ciudadano común, que contempla todos esos elefantes blancos inconclusos, quisiera derramar lágrimas ante la impotencia que le asiste de no poder hacer nada para impedir que los recursos se los roben o los malgasten. El país tiene urgencia de castigo para los responsables, pero, mientras los procesos avanzan, la orden debe ser terminante: concluir las obras abandonadas, para que no siga avanzando el deterioro y para que sea posible responder a las expectativas de los ciudadanos que han puesto su esperanza en esos proyectos prometidos.
Quisiéramos ver en un próximo informe, no solo el catálogo de las obras abandonadas, sino la lista de los respectivos responsables, esos mismos que han hecho del Estado un botín, del que hay que apoderarse sin importar las consecuencias
(Colprensa)
