La Procuraduría y Gustavo Petro, alcalde electo de Bogotá, rechazaron el acuerdo entre el procesado contratista Julio Gómez y la Fiscalía, ya que según el órgano de control y Petro, no tiene en cuenta los perjuicios causados por Gómez, en los contratos de la fase III de Transmilenio y al menos 9 contratos de valorización.
El procurador delegado Jorge Sanjuán criticó que la Fiscalía haya manifestado que el peculado solo fue de 297 millones de pesos, y que los otros 12 mil 400 millones que Julio Gómez devolvió corresponden, según la Fiscalía, a un anticipo de un contrato.
La imputación
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputó a Julio Gómez los delitos de peculado por apropiación, como interviniente, autor del concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, el contratista Julio Gómez está implicado en el contrato 137 donde se habría apropiado de dinero. El delito de peculado por apropiación se le imputó por haber tomado los anticipos otorgados por el Distrito para la fase III de Transmilenio.
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