La sociedad colombiana, para unos temas, sigue siendo discriminatoria, prejuiciosa y retrógrada. Una lástima. Y lo peor es que la política nacional es un reflejo de eso.
La impugnación de la Procuraduría a la decisión del ICBF de permitir la adopción de dos niños al periodista extranjero Chandler Burr por reconocer ante la institución que es homosexual, es otro acto de dominación del poder estatal para imponer la moral católica ante un país que constitucionalmente estableció la separación entre la Iglesia y el Estado.
El procurador Alejandro Ordóñez, quien ha hecho lo mismo en discusiones como el aborto, el matrimonio gai y la dosis mínima, demuestra que el control jurídico y la política nacional no se han separado completamente de los moralismos religiosos.
Debería.
Es cierto que una parte importante de la sociedad colombiana se declara practicante o creyente de la religión Católica y que la Iglesia está en su derecho de expresar su opinión sobre los temas de la sociedad. Pero también lo es que la Constitución de 1991 definió a Colombia como un país laico y los representantes y líderes políticos deben acogerse a eso.
Los que son creyentes de la Iglesia se deben acoger a sus principios y la Iglesia está en su derecho de sancionar, internamente, a los correligionarios que evadan sus prohibiciones. Pero solo ellos. Así como está en su deber de aleccionar moralmente a sus fieles, pero solo a sus fieles.
Por su parte, el resto del país está en la obligación de entender que el Estado es aconfesional, por lo tanto estos temas deben analizarse, únicamente, desde la perspectiva jurídica, y no moral cuando se discuten como tema del país.
El conflicto surge cuando representantes como el Procurador pretenden imponer, con argumentos religiosos, una conciencia social, por medios legales y jurídicos. El país, y la totalidad de los colombianos, no deben ser regidos jurídicamente por los valores religiosos de una parte de la sociedad. Eso no hay necesidad de repetirlo.
Querer juntar de nuevo la Iglesia y el Estado, como muchas veces lo hace el Procurador en este tipo de temas, es retrógrado, por no mencionar que también es inconstitucional. Así es su postura frente a la adopción por parte del periodista Burr.
Contradictorio, ya que hasta un santo estaría de acuerdo con que dos niños de 13 y 9 años que antes no tenían familia, hoy tengan un papá que los quiere, protege, educa y apoya. Pero el procurador Ordóñez, los conservadores y los religiosos de este país, a nombre del concepto moral de familia, no.
Ellos prefieren, hablando de este caso, miles de otros niños abandonados sin la posibilidad de tener familias por las preferencias sexuales de sus posibles padres adoptantes. Irónico.
Nadie puede ser discriminado por su condición sexual. Eso lo dice la ley. Los que atacan eso dicen que es por proteger a los niños adoptados de la diferencia, lo que es tan absurdo como quitarles la patria potestad de los hijos biológicos a quienes se declaren homosexuales.
La orientación sexual del padre no tiene ningún efecto positivo ni negativo sobre los hijos, ni va a determinar tampoco la tendencia o escogencia sexual de los niños. Eso está demostrado.
El ICBF demostró que su sistema de adopción mide a los posibles padres estudiando las variables importantes que afectan el bienestar de los menores. Al aceptar a Burr como padre soltero e ignorar su orientación sexual, se centraron en lo importante. No estoy diciendo que el sistema del ICBF para otorgar un niño en adopción no pueda tener falencias y temas que corregir.
Pero permitir, abiertamente, que un padre o una madre soltera, homosexual o no, pueda adoptar, no es muestra de ello.
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