Un gran movimiento ciudadano presentó recientemente el REFERENDO DEL AGUA al Congreso Nacional, reclamando su inclusión en la Constitución Colombiana. Su objeto principal es el acceso gratuito para todos de un mínimo vital de agua potable y la eliminación del lucro para su provisión. Es importante reflexionar sobre esta propuesta de más de millón y medio de firmantes, que influirá especialmente en los servicios públicos.
El referendo del agua es una poderosa reacción a nivel mundial ante la política rígida de privatización de los servicios públicos que proclama que la racionalidad y eficiencia del sector privado resultan automáticamente en la disminución de los costos del servicio y eliminan la corrupción y la burocracia. La adopción de esta tesis como paradigma condujo a errores lamentables. El clamor de muchos usuarios pobres como los de Cochabamba y Buenos Aires, con dificultad de pagar tarifas que crecieron en vez de disminuir, guiadas por unas metas de rentabilidad que no consultaron las tremendas diferencias de capacidad adquisitiva entre los estratos en América Latina, terminó por estallar la realidad. Empresas líderes como EAAB de Bogotá y EPM de Medellín demuestran la relatividad del modelo de privatización, aunque pueden ser mejores.
Un mínimo vital de agua es estratégico y fundamental como herramienta de equidad y oportunidad social. Para ello, los que tienen más deben pagar más por el servicio, incluyendo el pago del rango de mínimo vital, para que los que no tienen puedan tenerlo. El consumo suntuario debe cobrarse crecientemente en una cultura de pago que penalice adecuadamente el nivel de consumo y desperdicio. Durante los próximos cuatro meses, casi dos millones de personas en Ciudad de México sufrirán la falta total de agua por cuatro días al mes, debido, entre otros, a las pobres señales de escasez, desperdicio y agotamiento y a la consagración del derecho universal de acceso para todos sin tener en cuenta factores diferentes al costo de su transporte. Los acuíferos y cuencas alrededor de Ciudad de México presentan un balance hidrológico muy negativo desde hace años y la diferencia de costos entre estratos es pequeña. El servicio más caro es aquel que no se presta.
La Ley 142 debe incluir el referendo del agua para los más necesitados, con estrategias fuertes de ahorro y uso eficiente y la ampliación del número de estratos de seis a diez, para reflejar mejor la realidad socieconómica colombiana. La gestión de los servicios públicos puede ser pública, privada, comunitaria o mixta, siempre y cuando provea a los menores costos y riesgos el mejor servicio posible a la mayor cantidad de usuarios. La rentabilidad financiera a ultranza es miope en los servicios públicos, por las externalidades sociales positivas propias de este bien y porque elimina su posible uso como instrumento de balance social y ambiental que reforzaría la distribución por impuestos progresivos a la renta en una sociedad altamente desigual. El capital privado, es pertinente en los servicios públicos y en la infraestructura socioeconómica bajo reglas estrictas y transparentes y ganancias justas.
En lo rural, la revisión de las metas de justicia, inclusión y eficiencia en concesiones y permisos de uso del agua, incorporando todos los costos de mantenimiento del recurso para contrarrestar el deterioro de las cuencas y el cambio climático, deben resultar en la mejor asignación del líquido vital. Los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas, implementados por Corporaciones Autónomas Regionales menos sujetas a la "politiquería" y un Ministerio Ambiental e IDEAM más profesionales y proactivos son también respuestas realistas al referendo del agua.
*Gerente Parque Tecnológico de Antioquia
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