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Si ha sido patente la ineficiencia estatal para controlar situaciones anómalas en la educación superior como las que se denuncian de modo frecuente, no pueden ser optimistas los pronósticos acerca del ejercicio futuro de las funciones oficiales de inspección y vigilancia sobre universidades sostenidas por corporaciones transnacionales que extenderían sus tentáculos a nuestro país, amparadas por la flexibilidad que se anuncia en la próxima legislación y en particular por la autorización del concepto inaceptable del negocio lucrativo.
Varias instituciones de educación superior están en tela de juicio por malos manejos financieros, nepotismo, incumplimiento de normas de registro y acreditación, ofrecimiento de programas no calificados, creación de nóminas paralelas y otras ilicitudes. Pero han tenido tiempo de anunciarse por la prensa, de organizarse y funcionar por varios años, de graduar a decenas de egresados, incluso a pesar de que en algunos casos han sido vox pópuli sus características piratas o corsarias. Desde hace decenios, el Estado ha sido laxo y alcahueta. Los padrinazgos políticos han entorpecido cualquier intervención controladora. Han abusado de la necesidad popular y la demanda creciente de entidades que administren el servicio público de la educación y lo realicen como derecho humano fundamental.
En la reciente versión del Seminario Permanente de Educación Superior que realiza cada semestre la Pontificia Bolivariana escuchamos al reconocido investigador Félix de Moya Anegón, quien puso en cuestión las empresas con ánimo de lucro que vienen propagándose por el mundo como "fábricas de diplomas poco fiables" mediante la provisión de servicios educativos. Citó el caso inquietante de una transnacional que se ufana de tener 55 universidades propias en 28 países, con 600.000 estudiantes matriculados. Uno se pregunta cuál sería el alcance de la facultad inspectora y vigilante de un gobierno para mantener bajo control una institución educativa que, además de invocar la autonomía, en su filosofía y su estructura de poder, sus políticas de planeación y su sistema de financiación dependa en todo y por todo de una empresa global de enorme poder y escudada en las teorías que defienden las ventajas de la mundialización y el ánimo de lucro propio del libre mercado extraterritorial.
De ahí que no sea caprichoso alertar sobre los riesgos de la adopción del ánimo de lucro como práctica autorizada, así como aparece en el proyecto de reforma de la Ley 30 sobre educación superior. Que las universidades deban sostenerse en una razonable y ponderada relación con las empresas y el Estado, es obvio. No tiene por qué caber duda. Que el sector privado tiene grandes responsabilidades con la educación superior y debe respaldarla con aportaciones razonables, no sería sensato negarlo. Pero la gravedad del asunto reside en la avalancha de proveedores privados con apetitos de lucro, que están al acecho para dar el zarpazo cuando se expida la nueva Ley.