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Altillanura, una valiosa reserva

Los proyectos que se dan en la Altillanura, ese vasto territorio en el oriente del país, se lucran de los subsidios y las rentas derivadas de la política agrícola. ¿Es este el tipo de desarrollo más conveniente?

EL COLOMBIANO | Publicado el 25 de agosto de 2013

La discusión alrededor de la compra de tierras para el desarrollo de proyectos agroindustriales en la Altillanura ha puesto al descubierto el gran desorden en que el Estado tiene el registro de los baldíos en Colombia.

En particular, no se tiene claridad sobre la cantidad de baldíos existente, la extensión de los mismos y su ubicación exacta. A esto se le agrega el hecho de que muchos de los baldíos y las tierras asignadas por el Incora o el Incoder a pequeños productores no fueron debidamente registradas.

Esto genera un ambiente de inseguridad e informalidad de los derechos de propiedad. Según Fedesarrollo, en Colombia el 44 por ciento de los predios rurales no tienen título registrado. Además, el catastro rural se caracteriza por su alto grado de desactualización.

Los diversos problemas relacionados con el acceso, la propiedad y el uso de la tierra, y la falta de un esquema de tributación y planificación que asegure la utilización más adecuada y productiva del suelo, han llevado a que la tierra agrícola se utilice como un bien de acumulación y valorización.

Esto ha dado lugar a que en ricas regiones agropecuarias, como la Costa Atlántica, se conjuguen los conocidos fenómenos de alto costo de la tierra, conflicto de uso entre el potencial y el aprovechamiento efectivo de este recurso, y la subutilización del mismo.

A cuenta de ello, tierras altamente productivas en bienes agrícolas, como el maíz, producto en el que el país es deficitario, se dedican a la ganadería extensiva.

Esta situación se ha constituido en una barrera para alcanzar un desarrollo más vigoroso y dinámico de la agricultura colombiana y ha significado la pérdida de oportunidades de producción, generación de empleo y desarrollo de los territorios rurales.

Los fenómenos antes señalados se han convertido, a su vez, en una de las principales motivaciones para que muchos inversionistas, nacionales e internacionales, hayan comprado tierras en la Altillanura con el fin de poner en marcha nuevos proyectos en distintas actividades productivas, entre las que están la palma africana, el maíz, la soya, el caucho y las plantaciones forestales.

Algunas de estas compras han tropezado con el problema de clarificación de los títulos de propiedad, un hecho que es materia de investigación, pero la gran mayoría ha podido acceder de manera legítima a los mismos.

Aunque la ejecución de dichos proyectos ha venido dándole un carácter empresarial al proceso agrícola en la Altillanura, ello no deja de generar interrogantes sobre la bondad del modelo que allí se está implementando.

En particular, surgen dudas respecto del beneficio que para la sociedad colombiana representa la siembra de productos que se lucran de la protección arancelaria y de los subsidios, apoyos y exenciones tributarias que otorga el Gobierno. Además, no es clara la base investigativa y de tecnología que los va a soportar.

Para agravar las cosas, muy seguramente dichas tierras -al igual que ocurre en el resto del país- van a generar rentas provenientes de su valorización independiente de que se exploten o no.

En estas condiciones, el país deberá evaluar qué tan favorable le resulta impulsar el desarrollo agrícola de la Altillanura sin previamente resolver, por ejemplo, el problema de tributación de la tierra.

De todas formas, deberá asegurarse un mejor uso de las tierras adentro de la frontera agrícola lo que permitiría reservar la Altillanura para, en un futuro, tener un desarrollo ordenado, sostenible y socialmente beneficioso.

Contraposición

LE QUIEREN TORCER EL PESCUEZO A LA LEY PARA LEGALIZAR USURPACIÓN DE TIERRAS BALDÍAS

Por AURELIO SUÁREZ MONTOYA
Analista económico

Los baldíos son bienes fiscales y por lo tanto se pueden entregar a particulares y eso lo tiene claro la Corte Constitucional, la Ley 135 del 61 sobre reforma social agraria y los conceptos del Consejo de Estado, sobre la base de que están enmarcados en los fines del estado social de derecho. Pero cuando usted trata con una ley de modificar esta premisa estructural del tema de las tierras, no solo hay que hacerlo a través de una ley, sino que tiene que modificar la Constitución. Esas son tierras que tienen que entregarse para reforma agraria y se tienen que entregar en el marco del artículo 64 de la Constitución, que les da preferencia a los trabajadores rurales.

Ahora, el que unas empresas nacionales e internacionales, fondos de inversión internacional le hayan hecho esguinces a la ley para hacerse a acumulaciones de tierra en zonas del país como la altillanura, no es razón para que esa estructura básica del Estado social de derecho se vaya a modificar y además con una premisa que no es cierta y es que si usted no tiene capital no tiene derecho a tener tierra, o sea que si le entrega a campesinos o trabajadores rurales no se logrará el desarrollo, algo que no es cierto. Claro, si el Estado no los acompaña, esa premisa termina siendo válida. Pero de lo que se trata es de entregar la tierra y hacer un acompañamiento para que los campesinos puedan hacer el mejor aprovechamiento de esas tierras. Una ley que pretenda legalizar la usurpación de baldíos no solo está en el marco de una contrarreforma agraria sino que está fundamentalmente modificando estructuras fundacionales del Estado social de derecho y sería una reversión más de las que se han hecho a la Constitución del 91.


 

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1 Comentarios - 27 de agosto de 2014
  • Clouth Comentario realizado el 8/25/2013 4:15:33 PM

    Lástima que los beneficios de estas tierras se destinen a compras de propiedades y yates en Miami y para que los ricos sean más ricos.

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