La lucha de cientos de familias de Urabá por recuperar sus tierras usurpadas por los grupos paramilitares recibió un duro golpe con el asesinato de Benigno Gil, un desterrado quien lideró la reclamación de predios en la región.
El líder fue asesinado la noche del sábado en el barrio El Bosque de Chigorodó por hombres armados que le dispararon mientras Gil se desplazaba en un vehículo. Dos personas que lo acompañaban resultaron heridas y se recuperan en hospitales.
Benigno Gil se había convertido en un beligerante líder de cientos de unos 1.200 campesinos víctimas de los grupos paramilitares que los desplazaron de sus fincas con asesinatos, amenazas de muerte y en otros casos, intimidándolos para vender a bajos precios.
Gil fue uno de los gestores de la Mesa Nacional de Trabajo Campesina para la Recuperación de Tierras, creada en junio de 2008 con este objetivo, que con este crimen pierde a su principal vocero y activista.
Desesperados por la ineficacia del Estado para garantizar la recuperación ágil de sus tierras, Gil y cientos de desterrados de Urabá comenzaron hace año y medio la ocupación de sus terrenos, sin que mediara acción legal ni acompañamiento de las autoridades.
En Urabá se comenta que algunos de estos predios están en manos de ganaderos y testaferros de Vicente Castaño y Raúl Hasbún, ex comandantes paramilitares.
Según Gerardo Vega, coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Antioquia, el líder asesinado encabezó un grupo de campesinos que invadieron varias fincas en Mutatá que les pertenecían, lo que le valió amenazas de los ocupantes de los predios.
Para Vega, "fue una decisión arriesgada por tratarse de una medida de fuerza, pero no por eso ilegítima luego de muchas solicitudes a la Procuraduría, el Gobierno, la Defensoría del Pueblo y demás instituciones para que se cumpliera con la restitución".
De acuerdo con el funcionario, la falta de aplicación del decreto 176 de 2008 que reglamentó un artículo de la ley 975 (de Justicia y Paz), obligó a Gil a liderar las invasiones para recuperar sus propiedades, sin esperar un largo proceso jurídico y su tramitomanía.
"Este decreto faculta la creación de una comisión de restitución de bienes para las víctimas de las autodefensas, pero hasta ahora solo existe en el papel. En tres años no se ha avanzado nada y las víctimas siguen esperando desposeídas", advirtió Vega.
El homicidio de Gil se suma a varios líderes de víctimas asesinados en el país por reclamar la devolución de tierras usurpadas.
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