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En las entrañas de la Unidad Nacional de Fiscalías contra las Bandas Emergentes se cocinan investigaciones contra 208 funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Las reputaciones de estos servidores penderían de un hilo, en el marco del fenómeno de la bacrim-política o las oscuras relaciones del poder público y las bandas criminales (bacrim).
El último hecho que tiene a decenas de funcionarios enredados, presas del miedo por una posible delación, es la captura de "el Escamoso". Hermes Rebolledo Valeta, de acuerdo con el informe de la Dijín, es el supuesto cabecilla político de "los Urabeños", una mafia con redes en 17 departamentos y tres continentes.
Su carrera en la ilegalidad habría comenzado entre 1997 y 2006 como líder político de Fredy Rendón, alias "el Alemán", en el bloque Élmer Cárdenas de las Auc, con influencia en Antioquia, Chocó y Córdoba.
Su tarea era adiestrar a los lugareños para que se postularan a cargos de elección popular, logrando escaños en concejos, alcaldías y el Congreso.
Fue uno de los articuladores del proyecto "Urabá Grande, Unida y en Paz", que hoy es un pilar de la lucha contra la parapolítica, y por el cual hay caciques electorales condenados, como el exsenador bellanita Óscar Suárez Mira (sentencia N°27267 de 2013 de la Corte Suprema de Justicia).
""El Escamoso" tomaba las decisiones en asuntos electorales y presionaba a los alcaldes para que prestaran las lanchas y dieran gasolina para las campañas políticas", agrega el documento policial.
Después de la desmovilización (2006), habría ingresado a "los Urabeños" de la mano de Daniel Rendón, alias "don Mario", el hermano de "el Alemán". En esta estructura continuó con la misma misión.
Al parecer, participó en la redacción del estudio clandestino titulado "Informe de guerra, parte de armamento de cada frente y proyecto político", en el que esa bacrim consignó la contabilidad de sus unidades, los reportes de batalla contra "los Paisas" y "los Rastrojos" y las gestiones para la corrupción de la Fuerza Pública y los políticos.
Por eso conoce a los servidores y uniformados que colaboran con la cofradía, a quienes en muchos casos les habría entregado dinero para campañas.
La última tarea encomendada por el Estado Mayor de "los Urabeños" era tomarse a bala el Eje Cafetero, apartando del camino a la banda local "la Cordillera". Para tal fin, "el Escamoso" estaría acompañado de dos cabecillas militares, "Purina" y "Julián", y 90 mercenarios.
El pasado 26 de septiembre la Dijín afectó esos planes, arrestando a Rebolledo en una propiedad del barrio Villa del Lago, en Cali. Cuando los uniformados le preguntaron cuál era su profesión, él fue categórico al responder: "Autodefensas".
"Alias "el Escamoso" estaba atemorizando a comunidades y sindicatos para generar la incursión de la banda en diferentes sectores", precisó el director de la Dijín en ese entonces, general Jorge Nieto.
Informe de la vergüenza
El Colombiano tuvo acceso exclusivo a un reporte de la Unidad de Fiscalías contra las Bandas Emergentes sobre las investigaciones contra políticos, policías y militares, por alianzas con las bacrim.
De los 208 investigados, 114 pertenecen a la Fuerza Pública, 10 son concejales o aspirantes al Concejo, y 7 alcaldes o candidatos a ese cargo.
La vergonzosa estadística incluye a fiscales, asistentes, investigadores del CTI, exdetectives del DAS, secretarios judiciales y hasta un coordinador de una Casa de Justicia.
El 12 de octubre anterior fue detenido el gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, por supuestos nexos con el bloque Norte de las Auc y "una banda dirigida por alias "Marquitos"", comentó el vicefiscal General Jorge Perdomo, refiriéndose a un tenebroso exmiembro de la bacrim "Alta Guajira".
Los departamentos más afectados son: Antioquia (43 investigados), Chocó (22), Valle del Cauca (19) y Santander (9), regiones de influencia de "los Urabeños", "los Rastrojos" y algunos reductos de "Renacer" y "los Machos", así como sus combos aliados.
Un municipio crítico es Buenaventura, donde confluyen las bacrim y la guerrilla. El coronel John Beltrán, jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Marina N°2 en la zona, señala que "cuando hemos tenido conocimiento de esos casos, los llevamos a la Fiscalía y Contraloría, aunque últimamente no ha habido, solo buenas operaciones".
Entre los miembros de la Fuerza Pública, 44 fueron condenados. Con sentencias en firme también hay un asistente de fiscal (Valle), un exdetective (Córdoba), un concejal (Chocó) y un coordinador de Casa de Justicia (Antioquia), según el informe judicial.
De igual manera, el pasado 22 de mayo fue condenada a tres años de prisión una jueza de Apartadó, por prevaricato por acción y abuso de la función pública. Según la Fiscalía, la jurista Elvia Restrepo Londoño "concedió varias detenciones domiciliarias a personas de las bandas de Urabá".
Por casos como este es que Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen (Onudc), afirma que "las organizaciones buscan infiltrar a los órganos públicos para disminuir sus propios riesgos".
El más grande escándalo que vincula a la Rama Judicial con corrupción en 2013 data del 17 de octubre, cuando allanaron el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao (Bogotá) y arrestaron a dos jueces, un secretario de juzgado, siete empleados de la Rama y un estudiante de Derecho, "por hacer parte de una banda que influía en las asignaciones de procesos hacia varios juzgados, con el fin de favorecer a los imputados", algunos de ellos de las bacrim.
Del Ejército hay 17 uniformados con procesos; de la Armada, 4; y de la Policía, 93. En esta última institución, el rango más perjudicado es el de patrullero, con 60 presuntos involucrados con las bandas.
El pasado 12 de julio se ejecutó la Operación Dólar en el municipio de Envigado, en la cual fue detenido el concejal Carlos Obando y ocho patrulleros de la estación local, señalados de trabajar para la "Odín Trianón" (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una facción asociada a la mafia de "la Oficina".
Un operativo de dimensiones semejantes ocurrió en marzo de 2012 en el corregimiento Altavista de Medellín, donde arrestaron a ocho policías del Escuadrón Móvil de Carabineros, condenados por amangualarse con "urabeños". El último fallo, notificado el mes pasado, fue contra el comandante del grupo, capitán Richar Rosero.
El vicealcalde de Seguridad de Medellín, Luis Fernando Suárez, dice que "hay que reconocer que los delincuentes tienen capacidad de corromper a la sociedad, por eso hay que fortalecer las instituciones, esto debe ser un foco de intervención directa".
En cuanto al Ejército, el caso más reciente es el del soldado Desscliux Orozco, asegurado el 30/10/13 en la cárcel de Sabanalarga. Rechazó el cargo de concierto para delinquir, imputado por su presunta asociación con "los Rastrojos" en Magdalena.
"El crimen organizado tiene unos patrones de comportamiento que consisten en corromper a los que estamos encargados de combatir, y tristemente algunos de nosotros han caído", declaró Luis González, jefe de la Unidad de Fiscalías contra las Bandas, con ocasión de la captura de 17 cabecillas "urabeños" en Norte de Santander (23/10/13).
Hasta la extradición
Como gran parte de los cabecillas de las bacrim están solicitados en extradición, la persecución del gobierno de E.U. se extiende a los funcionarios y políticos que les colaboran.
El 22 de agosto fueron capturados 10 sospechosos de integrar una red que exportaba 100 toneladas anuales de cocaína a Centroamérica, E.U., Europa y Australia, con vínculos con "los Urabeños", Farc y los carteles de "Sinaloa" y "los Zetas". La sorpresa fue que entre los aprehendidos estaban dos policías retirados y el alcalde de Milán (Caquetá), John Monje Alvarado.
Esta acción se sumó a la del 16/11/12, cuando detuvieron con fines de extradición a Freddy Téllez Buitrago, empleado de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, y a la exfiscal Adriana González Márquez, señalados de vender, al parecer, información a los extraditables.
Y también se adhiere a los procesos en E.U. contra el general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, condenado a 13 años de prisión (14/12/12) por nexos con las Auc y "la Oficina"; y de Ramiro Anturi Larrahondo, el primer fiscal extraditado, quien el 26/10/12 aceptó la culpa ante la corte del Distrito de Columbia, por ayudarle a una banda de Buenaventura a narcotraficar con impunidad.
Francisco Lloreda, Alto Consejero Presidencial para la Seguridad y la Convivencia, reitera que "la corrupción es un eslabón más en la manera como operan estas organizaciones, que para mantenerse vigentes contaminan a funcionarios, y entonces vemos una mezcla que no es nueva: bandas y servidores públicos que hacen actividades legales e ilegales a la vez".
La bacrim-política comenzó en 2007, cuando estas estructuras, también llamadas emergentes o neoparamilitares, aparecieron como una plaga en el territorio nacional.
Para Lloreda, "las bacrim tienen los días contados, en ese año identificamos 32 y ahora hay tres, que están bastante golpeadas. Dentro de poco ya no estarán estas, sino otras, y debemos anticiparnos con mayores capacidades en Inteligencia para comprender cómo funcionan sus redes".
"El Escamoso" negó el cargo de concierto para delinquir agravado y un juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel Villahermosa de Cali.
La Dijín lo investiga por orquestar, presuntamente, la muerte de testigos de la Fiscalía para torcer los expedientes que cursan contra los corruptos, los mismos que ahora temen que abra la boca.