Si el procedimiento se cumple, a Ivonne Berrío le quedan pocos días para decirle adiós a la casa en la que nació y en la que lleva 50 años de vida.
Es el mismo inmueble en el que vio morir a su madre y ha visto, también, envejecer a su padre Gerardo, que hoy llora desconsolado porque teme terminar sus días en una calle.
El procedimiento lo anuncia la inspectora 9-A, María Eugenia Peña Londoño, y no es otra cosa que una carta en la que les informa a los ocupantes de esta casa y de otras casas vecinas, que entre el 28 de febrero y el 4 de marzo se hará entrega, al EDU, de los inmuebles ocupados.
Es decir, quienes habitan estas viviendas deberán desocuparlas antes de esas fechas o someterse a un proceso de expropiación, pues las mismas ya les han sido compradas a sus propietarios como parte del proceso necesario para adelantar las obras del Parque Bicentenario, que hace más de un año se abre paso en la zona Centrooriental de Medellín.
Varios de los habitantes actuales de estas casas son inquilinos que llevan allí muchos años de residencia, razón por la cual sienten que tienen derecho a ser indemnizados o beneficiados con proyectos de vivienda, pues son todas personas de escasos recursos, varios ancianos, algunos con enfermedades y discapacidades y dicen no tener a dónde ir, además de pagar ya sumas muy pequeñas de arriendo.
"Yo viví toda la vida acá, solo pago cinco mil pesos, mi papá (Gerardo) está anciano y enfermo, ¿para dónde voy a pegar con él?", se pregunta Ivonne, que no sabe cómo calmar los constantes llantos de su padre luego del anuncio.
EDU busca apoyos
A este caso se suman los de Víctor Manuel Salazar, que habita con su esposa y tres hijos, dos de ellos menores, una casa por la que paga 300 mil pesos de arriendo y vive allí hace 14 años. Afirma que tampoco tiene a dónde ir y en caso de que se cumpla el desalojo, quedará con sus corotos en la calle.
"Yo, para ayudarme, le alquilé una pieza a esta señora (señala a doña Ana Rita Piedrahíta, de 70 años) y he pagado cumplido. Hice un pacto con el dueño, que si me pedía la casa me daba seis meses para conseguir otra, y lo tengo firmado en notaría".
Otra que vive en ascuas es Sandra Domínguez, que habita con su madre, una anciana discapacitada de 75 años, en un edificio que los dueños cedieron en comodato a varias familias.
"Estamos en zozobra, cuando desalojen, muchas familias vamos a quedar en la calle, yo llevo 40 años acá, creo que merezco una consideración", sostiene.
Al respecto, la gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, María Eugenia Ramos Villa, afirma que precisamente con los propietarios de este inmueble se realizó una reunión en la cual se acordó que a cada una de estas familias se les entregarían recursos para que iniciaran proyectos productivos que les permitieran subsistir.
"Ese es sólo un ejemplo de lo que hemos estado haciendo en el sector. Hemos ido más allá de lo legal, hablado con distintas fundaciones y los propietarios para explicarles la vulnerabilidad de quienes ocupan los predios para que, voluntariamente, si quieren, apoyen estas personas", dice.
La señora Ramos admite que hay familias en condiciones de mucha pobreza y por eso se han buscado las ayuden, en algunos casos con buenos resultados. Pero afirma categóricamente que, "hasta ahora no hemos sacado a nadie a la calle, por convicción estamos haciendo mucho más de lo legal por esas familias", puntualiza.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
