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En manos del presidente Álvaro Uribe estaría el inicio de las investigaciones sobre las redes de abogados que, según el Primer Mandatario, se habrían dedicado a fabricar casos en contra del Estado con el fin de dañar su imagen en el exterior y desestabilizar el Gobierno.
Y es que según el magistrado Ovidio Claros, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), a ese organismo no ha llegado ninguna denuncia sobre el tema.
Por eso, le pedirá al Jefe de Estado que entregue nombres de los abogados o por lo menos les diga las ciudades en las que se han presentado estos casos.
La petición tiene su lógica porque en el país se han entregado cerca de 180.000 tarjetas profesionales de abogado. Un número que aumenta cada día.
Sin la identidad de los profesionales involucrados en las actividades irregulares de las que habla el Presidente o una referencia de los casos que llevan, es prácticamente imposible arrancar una investigación, asegura el magistrado Claros.
¿Cómo se investiga?
Las investigaciones se adelantan bien sea por las denuncias directas de las víctimas (en este caso sería la Nación) o de oficio, cuando la Sala Disciplinaria se entera a través de los medios de comunicación de casos que podrían tipificar una conducta irregular de los abogados, explicó Claros.
Entre el 3 de septiembre de 1992, cuando comenzó a funcionar el CSJ, y el 31 de marzo de 2009 han sido sancionados 11.609 abogados y 2.838 funcionarios de la rama judicial.
Para hacer las investigaciones, los magistrados se rigen por un código disciplinario que establece normas, como no fijar tarifas exageradas por sus servicios o cumplir con los tiempos fijados para adelantar los trámites legales. Por este concepto se han presentado 2.946 sanciones.
Se debe mirar con lupa
El problema frente a las denuncias del Presidente sería determinar en qué conductas irregulares estarían incurriendo los abogados.
Esto porque aunque en los casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos se han dado avances en la legislación que permiten obtener subsidios, indemnizaciones y reparaciones por vía administrativa sin necesidad de contar con los servicios de un abogado, la participación de los profesionales en un caso no representa en sí misma una infracción.
En estos casos, explicó un funcionario del CSJ, cada situación debe mirarse con lupa.
Por ejemplo, el hecho de que un abogado represente a una familia que ha perdido a un ser querido en un "falso positivo" o a un grupo de desplazados que exigen los subsidios del Estado no es un acto ilegal.
Esto porque el abogado es un profesional y como tal tiene derecho a devengar una remuneración justa por sus servicios.
La irregularidad se da en caso de comprobarse que el abogado prometió ganar el caso, porque su función "es gestionar" para que se respeten los derechos de los demandantes.
También se daría una actuación cuestionable si cobra una excesiva remuneración o si se queda con el dinero destinado a las víctimas.